Melvin Escobar
  •   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

En cualquier proceso, independientemente de su naturaleza, sea administrativo o judicial, es indispensable respetar las garantías procesales mínimas que aseguren los derechos fundamentales, en consecuencia, todo órgano dotado legalmente de facultades para aplicar sanciones a determinadas conductas previamente calificadas como infracciones se encuentra en el deber de respetar ciertas condiciones.

El debido proceso

Puede decirse que el debido proceso encierra un conjunto de garantías constitucionales que se deben respetar en las distintas etapas del proceso, incluyendo la fase de investigación, nuestra Constitución Política en su artículo 34 dispone como una de las  garantías mínimas el derecho a la presunción de inocencia, y para ello es necesario asegurar la imparcialidad del órgano sancionador. No obstante, en sentido contrario, muchas de las instituciones de la administración pública, que tienen facultades de aplicar sanciones, no garantizan la imparcialidad, pues ellas mismas realizan las investigaciones, inspecciones, instruyen el expediente y determinan la sanción a aplicar.  

Órganos facultados en materia de consumo

En materia de consumo, la Ley 842 facultó a varias instituciones (Conami, Invur, Diprodec, etc.) para tutelar los derechos de los consumidores y aplicar sanciones a los infractores de los preceptos contenidos en la ley. En la mayoría de los casos se pueden observar varias funciones concentradas  en un  mismo órgano, se mezclan facultades de fiscalización e investigación con la función de sancionar la conducta.

Por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) participa en las inspecciones que se les realizan a los usuarios y las legitima, posteriormente es el encargado de dictar resolución y hasta de aplicar multas en el caso de los usuarios que se les ha encontrado sustrayendo energía.

Otro caso es el de la Diprodec, que fiscaliza en el mercado el cumplimiento de  las normas técnicas obligatorias nicaragüenses, verificando además si los productos se encuentran dentro de su período de consumo o vencidos, en una labor completamente plausible, no obstante es ella misma la encargada de fiscalizar, instruir el expediente y hasta de imponer sanciones, por supuesto se trata de una habilitación legal pero que empaña un poco la parcialidad de la que debería estar dotado todo  proceso.

La experiencia en El Salvador

En El Salvador se creó la Defensoría del Consumidor, cuyas facultades son principalmente vigilar por el cumplimiento de las disposiciones legales y demás normas técnicas, de hecho, si algún proveedor les negare la entrada a su establecimiento esta puede auxiliarse de la fuerza pública para cumplir con su asignación.  La Defensoría está compuesta por un presidente, el consejo consultivo, un tribunal sancionador y otras direcciones y unidades administrativas.   

Dentro de la estructura mencionada, se ha tratado que el tribunal sancionador sea lo más independiente e imparcial,  conformándose por un presidente y dos vocales. El presidente del Tribunal Sancionador es distinto del  presidente de la Defensoría y es nombrado por el presidente de la República.

Este Tribunal Sancionador es el facultado para aplicar las sanciones establecidas en la ley, en este caso, la estructura que tiene la Defensoría del El Salvador es un tanto más respetuosa con el principio de imparcialidad, a pesar de que se pueda objetar que todo es parte de una misma estructura denominada Defensoría.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus