Melvin Vargas
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Existen varias formas en que los procedimientos pueden finalizar, puede ser por resolución de la autoridad competente, por ausencia de resolución expresa de la Administración Pública, conocida como silencio administrativo o bien, por la figura conocida como caducidad de la instancia administrativa.

Caducidad de la instancia
Dice textualmente la Ley 842, que de oficio o a solicitud de parte interesada, siempre que el caso tenga por objeto la tutela de un interés o derecho exclusivamente individual, se puede declarar la caducidad de la instancia y se mandará a  cerrar el caso si en el período de ocho meses en primera instancia y seis meses en segunda instancia, el consumidor no impulsa el proceso.

Desde mi punto de vista, no debería operar la caducidad de la forma a como se indica en el artículo, habida cuenta que parece que se le impone al consumidor el deber de impulsar el proceso en todas sus etapas, situación que no debería interpretarse de tal forma, en vista que las etapas del procedimiento se encuentran señaladas por la Ley, y la autoridad administrativa tiene el deber, conforme al principio de legalidad, de cumplir a cabalidad las disposiciones.

En todo caso, la caducidad debería operar toda vez que el órgano competente solicite a la parte interesada que realice alguna gestión o “trámite imprescindible para la continuación del procedimiento”, es decir, se debe tratar de un trámite dispuesto en la Ley y, por otra parte, es indispensable el requerimiento de la Administración Pública, de esta forma,  transcurrido determinado tiempo sin que se cumpla tal requerimiento, sí se puede aplicar la caducidad. En consecuencia, la inactividad debe ser imputable al interesado.

Principio de oficialidad y antiformalista
Lo que no puede interpretarse es que el consumidor tenga que estar impulsando siempre las distintas etapas del procedimiento, recuérdese que uno de los principios del procedimiento administrativo es el de oficialidad, que indica que los procedimientos deben ser impulsados de oficio, es decir, que la Administración Pública debe seguir los pasos descritos en la Ley.

Por otra parte, no se debería caer en el error de ser tan rígidos en el análisis y petición de requisitos al interesado o consumidor, pues otro principio importante del procedimiento administrativo es el antiformalista, que quiere decir que todo órgano dotado de poder no debe exigir al ciudadano, que se encuentra en una situación vulnerable, requisitos estrictamente formales, debe de dar preferencia a puntos de fondo que constituyen la verdadera petición, no obstante, si la ley exige un requisito este se debe cumplir.

Ley de Orden Público
Por último, la Ley 842 es de orden público, y dice que los derechos que confiere son irrenunciables, por lo que es difícil pensar la aplicación de figuras tales como la caducidad en los términos indicados en el artículo mencionado; es discutible además la aceptación de figuras como el desistimiento, pues aceptarlo sin mayores condiciones significaría prácticamente la renuncia del derecho por el que se inició el procedimiento.

 

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