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Música a alto volumen, salida del trabajo a altas horas de la madrugada, olor a cigarrillo y carcajadas a granel forman parte de la rutina como mesero de Carlos Ramírez, quien pide usar un nombre ficticio, porque actualmente tiene una querella judicial con su antiguo empleador.

A lo largo de su jornada laboral, durante seis años, en uno de los negocios que se ubicaban en el Malecón de Managua, atendía en promedio a cerca de 50 comensales, a los cuales procuraba brindarles el mejor servicio porque de la propina recibida dependía su salario. 

Así lograba ganar unos C$2,000 semanal. 

Su jefe implementaba un artilugio al que llamaba “comisión por servicio”.

“Se nos reconocía un córdoba por cada litro de cerveza vendida y cinco córdobas por cada platillo consumido en la mesa. Por eso los que trabajábamos en ese lugar nos ‘matábamos’ por atender bien a la gente y que ellos consumieran”, contó.

Por ello, cuando se aprobó la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras (Ley 842), en la que se estableció que la propina no podía ser objeto de uso para definir el salario de los trabajadores, creyó que se trataba de un logro para él.

Sin embargo a casi dos años de la aprobación de esa ley, su aplicación es limitada y en ocasiones inexistente, lamentó.

Ley poco aplicada

La percepción expresada por el mesero es compartida por Marcial Cabrera, coordinador de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Alimentación,  la Agroindustria, el Turismo, Servicio, Comercio y Conexos de Nicaragua (Futatscon), y Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec).

“La ley vino a ser una reivindicación histórica para el sector servicio. En su reglamentación quedó establecido que la propina no podía continuar formando parte de los elementos para definir el salario de los trabajadores, pero lastimosamente aún nos siguen viniendo compañeros que se quejan de esta falla”, compartió Cabrera.

Pomares refirió que en su organización también han recibido denuncias sobre “esta falla”, las cuales en su gran mayoría están vinculadas con negocios turísticos.

“Nosotros hemos efectuado un monitoreo en estos primeros meses del año con base en las denuncias que hemos recibido y constatamos que el 80% de los negocios infringen la ley al tomar la propina como parte del salario”, expresó Pomares.

El defensor de los consumidores agregó que entre enero y julio de este año el Indec recibió 42 quejas, que alegaban la falta de aplicación de la ley. De ese total, la organización visitó 18 establecimientos y constató que se sigue presentando esa práctica en los negocios.

Nosotros constatamos que el 80% de los negocios infringen la ley al tomar la propina como parte del salario”. Marvin Pomares, director del Indec.

René Hauser, presidente de la Asociación de Restaurantes de Managua (ARM), al ser consultado sobre el tema, dijo que se debe recurrir a la instancia correspondiente para denunciar esa anomalía.

“Bajo ninguna circunstancia el propietario o responsable de la administración del establecimiento participará en la distribución del fondo común producto de la propina. Así quedó establecido en el reglamento de la ley, y eso está muy claro. Si algo se está infringiendo, se tiene que denunciar oficialmente”, insistió Hauser.

Pero, tanto Cabrera como Pomares afirmaron que la Dirección de Protección de los Derechos de los Consumidores (Diprodec), instancia adscrita al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), no está cumpliendo con su función.

“La Diprodec no informa de sanciones a los propietarios que infringen la ley. El objetivo de su creación fue que como ente regulador haga valer la ley”, expresó Pomares.

“Nosotros, como proveedores de servicios, no tenemos una instancia a la cual acudir. La Diprodec regula al consumidor, pero hay algunos vacíos de cara a nuestro accionar, cuando nuestros derechos se infringen”, manifestó Cabrera.

Propuesta

Cabrera dijo que la organización está considerando y recibiendo asesoría para plantear ante la Asamblea Nacional que el cobro y regulación de la propina tenga su propia ley.

“Hemos estado hablando con alguna gente, tomadora de decisiones en el país. También nos hemos reunido con empleadores y con nuestros agremiados para plantear que la propina como tal pueda ser una ley que regule claramente su funcionamiento, que se establezcan instancias a las cuales acudir en caso que haya faltas”, sostuvo Cabrera.

Pero Hauser considera innecesario crear una nueva ley, porque ya se explica el uso y fines del monto devengado por propinas en la ley de los consumidores. Opina más bien que hay que establecer un sitio que atienda y dé soluciones a posibles conflictos.

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