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Reducir la informalidad laboral que en el país alcanza el 76% del total de los ocupados, sería una de las medidas que el Gobierno y los empresarios deberían tomar en cuenta para aumentar la recaudación de impuestos y alcanzar los niveles de sostenibilidad fiscal adecuadas.

Mario Flores, exministro de Hacienda y exgerente del Banco Central de Nicaragua (BCN), señala en el estudio Política Fiscal de Nicaragua que la “informalidad laboral” representa un gran reto para el país, sobre todo para mejorar las finanzas del Instituto de Seguridad Social (INSS), que después del Gobierno central, es la institución más importante en proporción al gasto público.

“Todavía hay espacio para mejorar la gestión de la administración tributaria. El mensaje es cómo mejorar la eficiencia tanto por el lado de las recaudaciones como por el lado del gasto público, ese es el reto que existe en el país”, indicó Flores.

Las exoneraciones en Nicaragua, según un estudio del BID del 2010,  andan por encima del 7% del PIB.

El estudio presentado ayer por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), destaca que la adopción de medidas “correctivas” para reducir la fragilidad financiera del INSS es una prioridad, dado los riesgos frente a la consolidación fiscal y las obligaciones con una población cuyas tasas de envejecimiento se van aumentando cada año.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que la informalidad es uno de los retos que tiene el país. “Estamos en una economía fundamentalmente informal, donde esas empresas no pagan impuestos y eso hace que no se cuenten con suficientes recursos”, indicó Aguerri.

Datos oficiales indican que en el país existen 3.2 millones de personas ocupadas, de las cuales hasta abril pasado, solo 755,434 estaban empleadas de manera formal.

Gasto corriente debe ser menor
Otro de los hallazgos del estudio Política Fiscal de Nicaragua señala que el aumento del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), antes de incluir donaciones, ha venido aumentando de forma progresiva y que este requiere de un cambio de dirección.

“El aumento del gasto corriente durante los últimos tres años marca una señal de alerta que aumenta las rigideces del manejo presupuestario, en especial las remuneraciones y transferencias, lo cual requerirá de una reducción vía mejoras de eficiencia”, destaca el informe.

Para el economista y expresidente del Banco Central, Mario Arana, el incremento en el gasto corriente de las instituciones estatales y empresas públicas es una tendencia que se tiene que revertir. “Estamos en un contexto donde los recursos externos tienden a ser más limitados”, señaló.

Ejemplo de ello es que los gastos del INSS representaron el 4% del PIB en promedio durante el decenio y “si bien ha habido un incremento en las contribuciones sociales, este no ha sido suficiente para cubrir el aumento experimentado en los gastos”, señaló Mario Flores.

Según el estudio de Funides, mejorar la situación financiera de las empresas públicas pasa por la revisión de la gobernanza para aplicar políticas de gasto bajo criterios de tipo empresarial y no de gasto público.

El informe también señala que una reducción en las exoneraciones podría mejorar los ingresos vía recaudaciones y que es necesario la neutralidad del gasto en las transferencias municipales y que se debe mejorar la focalización del gasto en los sectores más pobres.

 

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