Melvin Escobar
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La autodeterminación informativa es un derecho estrictamente vinculado a disposiciones constitucionales relacionadas a la privacidad y al derecho a la información, recuérdese que en estos tiempos es muy difícil  procurar la intimidad de las personas, pues la sociedad actual está diseñada precisamente para que todo tipo de información circule, no importando que se trate de datos irrelevantes u otros que puedan afectar el derecho fundamental a la privacidad consignado en el artículo 26 de nuestra  Constitución Política.

Un derecho fundamental
Nuestra carta fundamental claramente dispone que toda persona tiene derecho a su privacidad y a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como saber por qué y con qué finalidad se tiene la información.

Por otra parte, la Ley 787, Protección de Datos Personales, define la autodeterminación informativa como el derecho que tiene toda persona a saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias toma contacto con sus datos personales.

Ley de Protección de los Consumidores
La protección de datos personales es un problema con el que los ciudadanos lidian ante instituciones públicas y privadas, en el caso de las relaciones de consumo o etapas preliminares a esta es sabido que existe una transmisión de información  dinámica con el propósito de procurar contactar  potenciales consumidores y persuadirlos, de hecho, a partir de ese manejo de información es que nacen las ventas fuera de los establecimientos mercantiles y a distancia.

En el sentido expresado, la Ley 842, de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, prohíbe a las personas proveedoras que contacten a los consumidores, directa o indirectamente antes de las 8:00 de la mañana o después de las 5:00 de la tarde y, además, exige que únicamente se les contacte en días y horas laborales.

Panorama actual
En realidad, a como sucede en muchos casos, en Nicaragua existen numerosos supuestos de conductas reguladas, no obstante, si nos situamos estrictamente en la realidad, observamos que de todas formas varias instituciones, públicas o privadas, desarrollan esas acciones que se encuentran prohibidas, por lo que el problema no es de regulación jurídica, sino de capacidad de recursos, pues cualquier órgano que se encuentre facultado para desarrollar determinadas funciones no le es  posible hacerlo si no cuenta con la organización y estructura adecuada.

Ahora bien, debe quedar claro aquí, que la norma especializada en el tema de protección de datos personales es la Ley 787, y la violación a las disposiciones relacionadas al derecho a la autodeterminación informativa se deben analizar a la luz de esa ley, de forma tal, que la Ley 842 solo realiza algún aporte.

Habeas Data
El recurso de Habeas Data es el mecanismo contemplado en la Ley de Amparo para tutelar y hacer valer el derecho a la privacidad y autodeterminación informativa,  es decir, el objeto es que la persona pueda acceder a la información que de ella se tiene, así como exigir modificaciones y rectificación, la facultada para resolver este recurso es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

 

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