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  • EFE

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, enfrenta una de las decisiones más cruciales de su gobierno: impulsar una reforma tributaria en medio de un contexto económico poco alentador y con una creciente polarización entre el sector privado y el público.

El déficit fiscal de 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, con proyección de llegar al 5.9% en 2015 y superar el 6% en 2016, hace urgente una reforma tributaria que al menos reduzca el agujero.

Solís enviará al Congreso en los próximos días dos proyectos: uno para reformar el impuesto de la renta y otro para transformar el de ventas del 13% en uno de valor agregado que de manera escalonada alcance el 15% a tres años de entrar en vigencia.

Estos se unen a otros seis que ya están en la corriente legislativa que buscan combatir el fraude, el contrabando, reducir las pensiones más elevadas y otros, para racionalizar algunos gastos del Estado.

“El país no aguanta un año más sin nuevos impuestos”, ha advertido Solís en repetidas ocasiones, una afirmación que apoya el expresidente Óscar Arias, una de las principales figuras políticas de Costa Rica.

El exmandatario reconoció en una reunión con Solís el pasado jueves la necesidad de la reforma tributaria, pero se mostró escéptico de que el momento político sea el adecuado para lograr su aprobación en el Congreso.

Oposición

Solís piensa que se ha ganado la credibilidad para pedir más impuestos porque, a su juicio, ha hecho lo suficiente para reducir el gasto en los 14 meses que lleva de gobierno con iniciativas como no ampliar la nómina estatal, reducir pensiones “de lujo” y presentar proyectos fiscales al Congreso.

Sin embargo, los planes para incrementar la carga tributaria, que en la actualidad es cercana a un 13%, enfrentan el rechazo del sector empresarial y de grupos políticos de oposición que exigen al Gobierno acciones contundentes para reducir el gasto público antes de impulsar más impuestos.

Estos grupos señalan el crecimiento de los salarios públicos como uno de los detonantes del déficit, por lo que promueven una Ley de Empleo Público que ordene en uno solo los diversos regímenes salariales del Estado.

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