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Organizaciones, como la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan) y el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA) hicieron ayer un llamado a que se cumpla con el marco jurídico en relación con la soberanía y la seguridad alimentaria del país.

La Ley 693 (Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional) establece una estructura institucional para trabajar en ese tema, que va desde la formación de comisiones en las propias comunidades hasta comisiones de carácter nacionales.

Blanca Torres, del comité técnico de Femuprocan, dijo que se han logrado formar las comisiones de soberanía y seguridad alimentaria en algunos municipios, como lo establece la ley, pero demandó que esas comisiones funcionen.

Son 53 municipios los que han formado esas comisiones, según Torres, de acuerdo con la más reciente información que les brindó la Asamblea Nacional.

“La lucha de las organizaciones no es solo la formación, sino también el funcionamiento. Que haya articulación a nivel de los territorios para que funcionen y participen los actores importantes, como las cooperativas que son al fin y al cabo las que están ligadas a la producción de alimentos y que son las que apuestan por la soberanía y seguridad alimentaria del país”, expresó la representante de Femuprocan.

Por otra parte, Torres dijo que se necesitan recursos para producir y producir con calidad. 

“En eso tenemos una responsabilidad toditos los actores (el Estado, la academia, las organizaciones, entre otros), para que el sistema funcione tal y como está establecido en la legislación, que al contrario de los otros países de Centroamérica es la única que reconoce la soberanía alimentaria”, explicó Torres.

La soberanía alimentaria, según ella, consiste en que la gente tenga la tierra y los recursos para producir; y que produzcan y mantengan semillas criollas y semillas adaptables al cambio climático, para garantizar la producción.

Afirmó que solo el 5% del Presupuesto General de la República se destina al tema de la producción alimentaria, algo que se considera insuficiente si se supone que Nicaragua es un país con mucho potencial para la producción de alimentos.

Los sectores productivos necesitan recursos económicos y también créditos, asistencia técnica e infraestructura, destacó la representante de productores matagalpinos. 

Cambio climático

Por otra parte, la representante de Femuprocan considera que el país se ha quedado corto en la lucha por combatir los efectos del cambio climático para garantizar la seguridad alimentaria.

Hay esfuerzos, como el caso de Femuprocan, señaló Torres, que para garantizar la seguridad alimentaria en la zona seca de Matagalpa (Terrabona y San Francisco Libre) han creado sistemas de riego “para que las mujeres puedan producir de tres a cuatro veces al año”.

Ese esfuerzo le ha permitido a esas poblaciones ingresos económicos, comprar tierras y mejorar la educación de sus hijos, subrayó.

Acceso a la tierra

Adolfo Hurtado, consultor independiente que moderó el Taller de Seguridad y Soberanía Alimentaria realizado en el IICA ayer, dijo que las poblaciones que más sufren los efectos del cambio climático y están en riesgo de inseguridad alimentaria son los trabajadores rurales y sin acceso a tierra. 

Por otra parte, Hurtado enfatizó que la productividad sigue siendo muy baja en el campo. “No hay manera que la gente pueda comer bien con esas productividad tan baja y salarios tan bajos”, señaló.

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