Melvin Escobar
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Una de las tareas más delicadas e importantes que tiene la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), es proteger la salud de los consumidores, se trata de una de las funciones de carácter preventivo que tiene la Diprodec.

Facultades que confiere la Ley 842

La Ley 842, Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, confiere facultades de carácter preventivo a la Diprodec, de hecho, el ámbito de aplicación de la Ley dispone que la misma será aplicada tanto a las relaciones de consumo como a una etapa preliminar, es decir, se refiere en ese caso a las facultades de oficio que tiene el órgano competente, y dentro de ese contexto, este puede proceder a verificar el actuar de los proveedores con la finalidad de comprobar si cumplen o no con las disposiciones legales y demás normas técnicas. No obstante, el principal objetivo es preservar la salud de potenciales consumidores.

En el sentido expresado la Ley es clara al disponer que la Diprodec puede proceder al retiro, retención temporal o destrucción de bienes vencidos o que no cumplan con las normas técnicas de obligatorio cumplimiento.

Según el sitio web del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, la Diprodec entre el año 2007 y 2015, ha visitado la cantidad de 5242 establecimientos, procediendo a retener 28,134 productos y destruyendo 417, 410.

En realidad, la Ley no es estrictamente clara cuando atribuye la facultad de destrucción a la Diprodec, es decir, el momento en que se puede hacer, si antes o después del procedimiento administrativo propiamente dicho, de hecho, el artículo 110 de la Ley confiere a la Diprodec enormes prerrogativas discrecionales, este dispone: “La Diprodec podrá ordenar a petición de parte o de oficio la cesasión del acto o conducta que presuntamente cause daños a las personas consumidoras o usuarias. La Diprodec, previo a tomar cualquier medida deberá oír a la persona proveedora, salvo en los casos de riesgos inminentes a la salud humana, a juicio de la autoridad administrativa”.

Tal como se puede observar, la determinación de la autoridad únicamente requiere estar basada en una presunción, y por otra parte, cuando se trate de riesgos inminentes a la salud, no es necesario ni siquiera darle oportunidad de defensa al proveedor, pues en ese sentido, la Ley plasma completamente claro que lo no único necesario es el juicio de la autoridad administrativa.

Código Penal

El sistema jurídico nicaragüense reconoce la vital relevancia del derecho a la salud y dispone mecanismos para su protección, en este sentido, el acto de comercializar productos vencidos no constituye únicamente una infracción de carácter administrativo, es además reconocido como un delito según el Código Penal, este expresa que quien introduzca, exporte, distribuya o comercialice alimentos envasados sin registro sanitario, vencido o en mal estado, será sancionado con pena de seis meses a tres años de prisión.

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