Melvin Escobar
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Uno de los temas más importantes cuando se habla de derechos del consumidor es el deber del empresario de garantizar el buen funcionamiento del bien que el consumidor adquiere; no obstante, las disposiciones establecidas en la ley no deberían representar de ninguna manera un panorama ideal para promover abusos por parte del consumidor o el empresario,  y por otra parte,  resoluciones desproporcionadas por parte de la Administración Pública.

El tratamiento de los defectos o vicios ocultos

Si se lee y analiza detalladamente la definición que la Ley 842 ofrece sobre vicios ocultos, se puede advertir que si se le compara con la ley anterior (Ley 182) y con el Código Civil, contiene un cambio de fondo que marca una enorme diferencia al momento de su aplicación.

En el sentido expresado, la Ley 842 dispone que son vicos ocultos los defectos no evidentes de un bien mueble e inmueble, preexistentes al momento de la adquisición, descubiertos posteriormente y que de haberlos conocido  el consumidor no habría adquirido el bien o hubiese pagado menos.

Por ningún lado dice la ley que el vicio oculto, además de evidente y preexistente al contrato, se debería tratar de un defecto que definitivamente disminuya la calidad o posibilidad de uso del artículo en cuestión; si se revisa lo que la Ley 182 y el Código Civil planteaban, se comprueba que en ambos casos  una de las condiciones más relevantes era el hecho de que se tratara de un defecto grave.

El problema que esa redacción plantea es que cualquier defecto da lugar a  anular el contrato,  en consecuencia, el consumidor procedería a entregar el bien y se le devolverían las sumas pagadas. Si bien es cierto en muchos casos el empresario se comporta de forma abusiva, una previsión legal como la que ostenta la Ley 842 resulta contraproducente para la seguridad de las relaciones comerciales, pues prácticamente cualquier defecto daría lugar a terminarlas.

Ausencia de una garantía legal

En el caso de los bienes muebles, la ley no dispuso un período mínimo en el que el proveedor tenga la obligación de reparar y asistir al consumidor de forma gratuita, se dispuso que predominaría la garantía de fábrica, dejando abierta la posibilidad de que sea el fabricante quien decida los tiempos de garantía de los bienes que venderá a Nicaragua. Se sabe que es una práctica muy común la denominada obsolescencia programada, es decir,  programar el tiempo de vida útil de un bien, y contra ello, la única defensa es determinar un tiempo de garantía legal.

Ausencia de un período para mantener repuestos

Si bien es cierto la Ley 842 deja la libertad al proveedor de tener o no taller de reparaciones o inventario de repuestos, para aquellos que los tienen no se establece un plazo durante el cual deban mantener esos repuestos de bienes que un momento comercializaron, en mi opinión no se le debería exigir al empresario el mantenimiento de repuestos de forma ilimitada.

En México existe una interesante disposición legal: es obligación del empresario mantener repuestos durante el tiempo de garantía y posteriormente siempre que en ese país se continúe comercializando el bien.

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