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¿Claridad o caos? Los simpatizantes del proyecto Erosión de las Bases y Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), en el que trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), argumentan que vinculará a las multinacionales a un conjunto constante de reglas fiscales mundiales, ofreciéndoles menos oportunidad de la que ahora tienen para defraudar a los gobiernos a través de un uso ingenioso de los resquicios en las leyes nacionales.

A los escépticos les preocupa que solo pudiera conducir al caos si los países adoptan los nuevos lineamientos en diferentes grados, o si algunos gobiernos concluyen que son demasiado blandos, y emprenden acciones unilaterales para impedir que los ingresos fiscales sobre las utilidades sean transferidos al extranjero.

A dos meses de que el club de países ricos y de ingresos medios presenten su plan ante el G20 para su aprobación, muchos de sus detalles siguen siendo poco claros. Pero nadie duda de que, con tantos intereses nacionales contrarios en juego, haya límites a lo que se puede lograr.

El desacuerdo ha sido evidente últimamente, incluso entre los aliados: en junio, un funcionario de la Tesorería de Estados Unidos acusó a Gran Bretaña y a Australia de socavar el acuerdo internacional “recorriendo su propio camino”. Un punto de contención gira en torno del nuevo impuesto sobre “utilidades desviadas”, que impone un gravamen a las utilidades enviadas a refugios fiscales a través de “acuerdos artificiosos”.

Regularizarán beneficios

Los negociadores del BEPS han puesto atención a los enormes activos “intangibles” que las multinacionales tienen en estos días: marcas, derechos de autor, patentes, etcétera. Gran parte de su transferencia de beneficios para reducir sus declaraciones de impuestos, y muchas de las exenciones fiscales que los gobiernos ofrecen, se relacionan con la propiedad intelectual (PI) y sus regalías acompañantes.

Los beneficios fiscales relacionados con la PI no están a punto de desaparecer. De hecho, el BEPS ayudará a regularizar algunos de ellos, aunque en forma diluida. Perversamente, esto está alentando a los países que anteriormente los rehuían a darles una oportunidad.

Tomemos la “opción de patente” (llamada patent box en inglés), mediante la cual las compañías pagan una tasa fiscal menor sobre las utilidades originadas por la PI que se desarrolló en el país en cuestión. La opción de patente de Gran Bretaña, introducida en 2013, reduce la tasa impositiva a 10 por ciento, la mitad de la tasa corporativa, sobre las utilidades originadas por la PI que califica. Irlanda planea introducir una que iguala la tasa del 5 por ciento de Holanda. El mes pasado, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzó propuestas para una “opción de innovación” con una tasa impositiva de alrededor de 10 por ciento.

La intención de las opciones de patente es alentar a las empresas a innovar. Pero Alemania, entre otros escépticos, argumenta que son políticas de empobrecimiento del vecino, cuyo resultado es que el gasto en investigación y desarrollo, junto con los beneficios originados por ellos, simplemente cambien de jurisdicción, en vez de incrementarse en general. Gran Bretaña y otros que ofrecen la opción han cedido un poco de terreno durante las negociaciones del BEPS.

Algunas concesiones

Un acuerdo anglo-alemán, subsecuentemente adoptado por la OCDE, defiende un enfoque de “nexos modificados”. En esencia, se trata de un conjunto de criterios que busca asegurar que los beneficios fiscales de la PI estén más estrechamente vinculados con la ubicación de la actividad económica relacionada, y con el lugar donde se desarrolló la patente.

Pero conlleva algunas concesiones por otro lado. Se permitirá a las compañías pagar una tasa impositiva reducida incluso sobre la PI que hayan comprado, o cuyo desarrollo hayan subcontratado. Los departamentos de impuestos corporativos seguramente harán su mejor esfuerzo para estirar las definiciones de estas en su ventaja. Quizá se permita que los programas existentes de opciones de patente permanezcan hasta 2021.

Incluso una vez que entre en vigor el nuevo programa, hay dudas sobre su efectividad. No solo podría resultar estar cargado de resquicios, también pudiera ser una receta para los favoritismos entre las tesorerías nacionales y las industrias favorecidas, ya que parece que el seguimiento del gasto en investigación y desarrollo hecho por las compañías será supervisado por los mismos países que ofrecen las exenciones, dijo Alex Cobham, un economista de la Red de Justicia Fiscal, una ONG.

Como las opciones de patente van a sobrevivir, los países se tropiezan unos con otros para adoptarlas, según Ajay Gupta, quien escribe sobre tendencias fiscales mundiales. Suiza pudiera ser el siguiente.

La doble tributación

Gupta lo ve como “una competencia que seguramente terminará con las empresas multinacionales llevándose el premio principal”.

Martin Sullivan, un comentarista de Tax Notes, la lectura de cabecera de todo contador diligente, escribe que la poca evidencia que existe sobre el impacto de las opciones de patente sugiere que hacen poco o nada por impulsar la innovación. Quizá incrementen el número de patentes que se presentan, pero en la mayoría de los casos esto “sería solo maniobras legales sin ningún aumento correspondiente en lo que realmente queremos: científicos que realicen investigación e inventores que inventen”.

Un documento de trabajo de la Comisión Europea a principios de este año llegó a la misma conclusión.

Aunque los críticos temen que el BEPS sea demasiado blando con las multinacionales, hay mucho de lo cual se preocupan las empresas. Su mayor temor es que si las propuestas provocan que algunos países adopten acciones unilaterales, pudiera conducir al regreso de la doble tributación; países múltiples que reclamen impuestos sobre el mismo concepto de beneficio.

Este era un riesgo que las empresas a menudo corrían antes de que la doble tributación fuera abolida por varios tratados. Sin embargo, pueden consolarse por la forma en que los gobiernos dirigen cada vez más sus golpes unos contra otros.

Como dijo Richard Hay, abogado fiscal de Stikemann Elliott: “El BEPS empezó como un plan para exprimir más impuestos a las grandes empresas, pero se ha transformado en una competencia entre los países en torno a la distribución de los ingresos”.

  • Muchas de las exenciones fiscales que los gobiernos ofrecen se relacionan con la propiedad intelectual y sus regalías acompa-ñantes.
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