Eduardo Duque Estrada Ortiz / Economista
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La medición de la pobreza o la definición de quiénes son pobres o no lo son, suelen ser ejercicios proclives a los espejismos si se descuida lo principal: No solo importa el nivel de ingreso de cada familia, sino su acceso a salud, educación, agua potable y energía electrica, entre otros. Pero más que determinar cuántos califican como pobres, es imperativo para un país hacer crecer la riqueza y así tener qué distribuir. Ningún país ha disminuido la pobreza de forma permanente sin generar crecimiento.

El Dr. Arvind Subramanian, economista hindú, exdirector del departamento de investigación del Fondo Monetario Internacional y profesor de las universidades de Harvard y John Hopkins, al ser nombrado Jefe Asesor Económico del Gobierno de la India en el 2014, afirmó que pretender reducir la pobreza con crecimientos menores al 5% era ilusorio. “El crecimiento debe de llevarse al 7.5% u 8% para poder hacer frente a las necesidades del país”, advirtió.

Aunque para lograr este nivel de crecimiento “deben darse ciertas condiciones básicas incluyendo un gobierno fuerte que garantice seguridad contractual, derechos de propiedad y que provea la infraestructura necesaria”, precisó Subramanian, quien no es el primer economista que insiste en lo esencial de tener seguridad jurídica (contractual) y respeto absoluto por la propiedad privada, como condición para alcanzar altos niveles de crecimiento y lograr disminuir la pobreza.

Douglas C. North, Nobel de Economía en 1993, determinó en sus estudios que instituciones fuertes que garantizan reglas claras son las grandes promotoras del desarrollo. Las instituciones son las limitantes diseñadas por los humanos que estructuran o definen la interacción económica, política y social de un país, hasta crear un sistema de normas, reglas y creencias que juntas generan un comportamiento social regulado. Así, el papel principal de las instituciones consiste en reducir incertidumbre estableciendo una estructura para la interacción humana.

Para el profesor Liam Brunt, de la Universidad de Lausanne, el establecimiento de los derechos de propiedad es la garantía principal para el desarrollo, porque facilita todas las interacciones económicas y abre el potencial pleno de la economía. En París, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual proclama en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad, privada y colectiva, y nadie debe ser privado arbitrariamente de la misma. Pero no siempre fue así.

El concepto de propiedad privada es muy poco mencionado hasta inicios del siglo 19, cuando economistas como Mills, Marshall y Marx definieron la propiedad de los medios de producción como poco importante, y en el caso de este último y su coautor, Federick Engels, consideraron la propiedad privada como “responsable” de llevarnos inexorablemente a la división de clases y a la explotación de la mano de obra por el “propietario”.

Sin embargo, la disolución en algunos países de los derechos de propiedad y los subsecuentes experimentos con la propiedad estatal terminó demostrando que la propiedad privada es esencial para promover la innovación, la productividad y el crecimiento. En 1990, al caer el experimento soviético, su último líder Mikhail Gorbachev expresó: “El dominio total de la propiedad por el Estado destruía la motivación natural, los incentivos naturales para trabajar… También generó una mentalidad igualitaria, falta de iniciativa y dio nacimiento a cierto tipo de trabajador que no está interesado en nada”.

Según el International Property Rights Index, publicado por La Alianza para Los Derechos de Propiedad, los 10 países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita, están entre los 15 países que más respetan los derechos de propiedad. De igual manera, de los países ubicados en los últimos 20 lugares del índice, 17 están entre los más pobres del mundo. Nicaragua, en el puesto 77 según el índice de derechos de propiedad, está rezagada en el puesto 136 en términos de PIB per cápita.

Venezuela, el nuevo modelo del socialismo, está en el último lugar del índice (97) y la desinversión es evidente; la Inversión Extrajera Directa cayó en 54% del 2013 al 2014.

Si lo que buscamos es engañarnos, pues definamos el límite de la pobreza en C$17 mil córdobas anuales y declaremos “no pobres” a quienes ganan más de eso. Pero si realmente deseamos crecer a niveles del 7% o más, y así bajar los índices de pobreza extrema, es necesario generar un ambiente social y jurídico en el cual los inversionistas locales y extranjeros se atrevan a tomar riesgos con su capital, creando empleo y riqueza en el proceso donde es fundamental garantizar el respeto a sus contratos y a su propiedad, no solo con las leyes necesarias, sino con la voluntad de hacer que estas leyes sean parte de nuestros valores.

Como apuntó el economista francés Claude Frédéric Bastiat, la vida, la libertad y la propiedad no existen por que los hombres crearon leyes, más bien la protección de la vida, la libertad y la propiedad son la razón por la que los hombres hicieron las leyes.

*El autor es economista.

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