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  • AFP

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial, CIADI, ordenó este lunes a Ecuador a pagar 1,000 millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy, una cifra equivalente a un 3.3% del presupuesto estatal previsto para 2016, en un momento delicado para la economía ecuatoriana.

"Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40% de laudo original, es decir, 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil. Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación", anunció el presidente Rafael Correa en Twitter, y se comprometió a seguir negociando con la empresa.

"Otro atentado a nuestra soberanía! Ya hemos presentado una propuesta a OXY y con el laudo definitivo continuaremos negociando. ¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!", agregó.

El CIADI aún no hace público el contenido de la sentencia.

Oxy (Occidental), que por ahora no ha reaccionado a la sentencia, pretendía recibir una indemnización de 1,700 millones de dólares -de una aspiración inicial de 3,300 millones- luego de que en 2006 fue cancelado el contrato que le permitía extraer de la Amazonía ecuatoriana unos 100,000 barriles diarios de crudo.

Según autoridades ecuatorianas, la caducidad del contrato de Oxy se produjo por la venta sin autorización de Ecuador de 40% de las acciones de la empresa a la canadiense Encana en agosto de 2000.

La petrolera planteó la querella alegando que Quito violó un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.

Ecuador fue condenado en 2012 al pago de 1,700 millones de dólares a la petrolera, pero solicitó la nulidad del fallo al tribunal del Ciadi.

El sábado pasado, durante su programa televisivo semanal, Correa manifestó su esperanza de que el CIADI aceptara el pedido de nulidad planteado por su gobierno, que considera que la caducidad del contrato no es materia de arbitraje, en tanto critica que el tribunal se haya declarado competente para llevar el proceso.

Solución amigable

En un comunicado conjunto difundido este lunes, el Ministerio de Finanzas y la Procuradoría General de la República "confirman su intención de seguir trabajando en un acuerdo con OXY con miras a alcanzar una pronta y amigable resolución con la petrolera, e informarán oportunamente al pueblo ecuatoriano sobre el resultado del mismo".

La sentencia, que equivale a alrededor del 3.3% del presupuesto estatal de 29,835 millones previsto por el gobierno para 2016, llega en medio de la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, factores que han golpeado a la economía ecuatoriana.

A eso se suma la depreciación de la moneda de países vecinos, el peso colombiano y el sol peruano, que ha restado competitividad a los productos de la dolarizada economía ecuatoriana.

Economistas críticos del gobierno achacan la delicada situación de Ecuador al modelo económico y sostienen que ha ahuyentado las inversiones extranjeras. De otro lado, consideran que el gobierno no aprovechó la bonanza petrolera para crear fondos de ahorro que le permitan enfrentar la situación actual.

Ecuador enfrenta desde hace varios años y simultáneamente varios procesos con petroleras en cortes internacionales de arbitraje con varios miles de millones de dólares en juego.

El de más envergadura es el que sigue en la Corte de La Haya por el caso de la petrolera Chevron, que fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9,500 millones de dólares por daño ambiental a indígenas y pobladores amazónicos.

Chevron rechaza su responsabilidad y atribuye el daño a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio su filial Texaco entre 1964-1990, y busca que el tribunal de La Haya obligue al Estado ecuatoriano a asumir la indemnización.

También tiene pendientes en el CIADI un proceso contra la petrolera anglofrancesa Perenco y su socio estadounidense Burlington, que interpusieron una demanda internacional contra Ecuador por unos 400 millones de dólares, alegando la caducidad arbitraria de su contrato.

Correa alienta desde hace años la creación de tribunales regionales de arbitraje, pues que considera que el CIADI falla siempre en favor de los grandes capitales.

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