Melvin Escobar
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Una de las cuestiones más importantes que hay que tomar en cuenta al momento de redactar una ley es su objeto o dejar muy claro cuál es su finalidad. En el caso de la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias,  esta dispone el objeto de crear equidad, seguridad y certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; no obstante, en seguida establece disposiciones relacionadas con la calidad de los productos que al perecer no ha quedado bien planteada.

La ley dice que uno de sus objetos es garantizar a los consumidores la adquisición de bienes o servicios de la mejor calidad, cuando en realidad lo que debe procurar es que el bien sea idóneo, es decir, conforme a lo que ofreció el proveedor al consumidor. La calidad, por lo general, tiene una relación estricta con el precio, por lo que no se puede esperar comprar el bien más barato y garantizarse la mejor calidad.

Código de Protección al Consumidor de Perú

El Código de Protección al Consumidor de Perú dispone que su finalidad es procurar que los consumidores y usuarios accedan a productos o servicios idóneos. En este sentido, se define idoneidad como la coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe efectivamente, tomando en cuenta claro está, en que esa expectativa se encuentra estrictamente relacionada con la información transmitida por el proveedor. Es decir, no se trata de garantizar la mejor calidad, el objeto es procurar la satisfacción del consumidor, respetando las expectativas que ha generado el ofrecimiento del proveedor.

Por otra parte, el mismo código expresa que la protección al consumidor se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, una disposición que si bien es cierto no se encuentra en el objeto de la Ley 842, sí está en uno de los principios que se disponen, específicamente el  principio proconsumidor y correctivo. 

Principio de protección mínima

Ahora bien, recuérdese que las disposiciones establecidas en la Ley 842 son aplicadas por cada ente regulador en dependencia del servicio; sin embargo, es claro que las garantías y estipulaciones pueden ser restringidas por otros cuerpos jurídicos específicos de cada sector, es decir, sencillamente prevalece la norma especial que tenga relación con el sector específico. Así,  las leyes relacionadas al sistema financiero prevalecen sobre la Ley 842 y de la misma manera sería interpretado para otros mercados. 

Es por esa razón que el Código de Protección Peruano ha establecido el denominado principio de protección mínima, que consiste en afirmar que las disposiciones del código son normas mínimas que pueden ser ampliadas por otras leyes especiales, es decir, no pueden ser restringidas y únicamente pueden ser modificadas en beneficio del consumidor.

No es esa la realidad de nuestro sistema jurídico, pues en realidad existe un tratamiento distinto a los consumidores en dependencia del mercado o servicio por el que se reclame. En consecuencia, si el objeto de la Ley 842 es crear seguridad y certeza jurídica en la relaciones de consumo, resulta muy difícil de lograr si no existen disposiciones y garantías mínimas que deban respetarse en todos los mercados.  

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