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La Cámara Marítima de Panamá pidió ayer “de urgencia” al Poder Ejecutivo y al Órgano Legislativo que aprueben un proyecto de ley que otorgue los mismos beneficios fiscales que gozan todos los operadores portuarios existentes en Panamá, a la empresa que gane la concesión para diseñar, construir y operar una terminal de contenedores en el Canal de Panamá.

La organización empresarial dijo en un comunicado que “el desarrollo de la industria marítima y logística de Panamá depende en gran porcentaje del desarrollo de la capacidad portuaria, el cual redundará en aumentar el volumen de carga de transbordo que mueve el sistema portuario panameño”.

“Por ello, es de vital importancia garantizar la igualdad de condiciones a todos los operadores portuarios que están hoy operando en Panamá y que decidan invertir en nuestro país en el futuro”, sostiene.

Alega que el próximo año, luego de la entrada en operaciones comerciales del Canal de Panamá ampliado las empresas aumentarán el tránsito de navíos de mayor calado, por lo que están diseñando nuevas redes de transporte “en las que el país que más carga va a atraer será el que más capacidad portuaria les pueda ofrecer”.

Por ello, enfatiza que “estamos en un momento de toma de decisiones importantes sobre el futuro marítimo y logístico de Panamá”.

Decisión de Estado

Reconoce que aumentar la capacidad portuaria de Panamá “es una decisión de Estado” y asegura que la Cámara Marítima de Panamá “respalda todo proyecto que mejore la oferta de servicios a los barcos y a la carga que se puedan desarrollar inmediatamente y a futuro para aumentar la generación de empleos, divisas y aportar al desarrollo de la economía de nuestro país”.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha proyectado dar en licitación pública la construcción del puerto de contenedores de Corozal, en el sector Pacífico de la vía acuática, pero ha pedido al Parlamento aprobar la ley de equiparación de beneficios fiscales al que sea el constructor y operador de la terminal, similar al que gozan otras terminales.

Un primer proyecto en ese sentido fue rechazado por los diputados y la ACP lo ha reformulado, además de advertir que si no se construye más puertos, los que se beneficiarán con la ampliación serán países como Colombia que están invirtiendo en nuevas terminales. Según la ACP, el proyecto demandará una inversión de al menos 600 millones de dólares.

 

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