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René Orúe, abogado especializado en derecho comercial, explica el porqué desarrollar métodos alternos de solución de controversias de seguridad jurídica y mejora del clima de negocios en Nicaragua.

El abogado especializado en derecho comercial recuerda que en los últimos años Nicaragua ha dado un gran salto para no seguir atrasado en el marco legislativo de métodos alternos de solución de controversia. Para el docente del Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación (Ibesi), esto significa una ventaja comparativa de cara a las inversiones extranjeras, ya que garantiza un trato equitativo, rápido y transparente.

¿Qué importancia tiene el sector empresarial aquí en Nicaragua?

Desde mi óptica, el sector empresarial es, en este momento, el motor de la economía del país. Pero para que este motor funcione bien tiene que tener diferentes componentes. Nicaragua --por iniciativa de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSN) y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)-- ha venido afinando parte de este sistema, enfocando todo lo que es el marco regulatorio de los métodos alternos de solución de controversia.

¿Por qué se han enfocado en ese tema?

Hemos sido de los últimos países del continente en avanzar y suscribir convenios internacionales, pero el hecho de que hayamos sido los últimos no implica que no podamos dar un salto cualitativo. Hasta hace diez años el país no contaba con una ley de mediación y arbitraje moderna, lo que existía en el viejo Código de Procedimiento Civil (que ya va a ser derogado el próximo año) era una figura que se denominaba “juicio por arbitramento”. Es una institución que se heredó del código español de procedimiento civil, que se trasladó aquí.

¿Qué implicaba tener este código?

No teníamos la posibilidad de solucionar las controversias modernamente. Cuando una empresa privada extranjera suscribía con agencias nacionales, públicas o privadas, nos sometíamos a los tribunales judiciales en el extranjero. Con la nueva Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, Nicaragua ofrece una legislación atractiva, moderna y reconocida por la Comisión de Naciones Unidas por el Derecho Mercantil (CNUDMI).

¿Para los inversores extranjeros esto es la garantía de que van a ser tratados de forma equitativa y transparente?

Para el inversionista significa que puede venir a Nicaragua y defender sus intereses con los ojos vendados. No es una ley que tiene trampas, como las ha habido históricamente en algunos países. Es un gancho importante para el inversionista, ya que hace al país altamente atractivo y seguro, y en vez de ir a la vía judicial, las partes pueden hacer uso del procedimiento arbitral.

¿Adónde tienen que acudir?

Al Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez (CMA), especializado en administrar controversias comerciales. La ventaja es que los árbitros son gente especializada, son ingenieros civiles, arquitectos o abogados expertos en sociedades.

Además, los casos se resuelven más rápido. Las partes pueden pedir al tribunal que se haga en 30, 60 o 90 días. La resolución se llama “laudo” --y no sentencia--, pero es obligatoria. Igual que la sentencia de un juez.

¿Qué cambió con esta nueva ley?

Con la Ley 540 se dio el gran paso, ya que Nicaragua estaba aislada del mundo. Poco después, ratificamos la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Éramos el único país de América que no había suscrito esta convención.  Antes, vos venías a Nicaragua con un laudo emitido por un tribunal extranjero y no lo podías ejecutar, era como cualquier papel sencillo. Ahora, estas decisiones se ejecutan como una sentencia dictada por un juez.

Asimismo, nosotros también estamos protegidos en el exterior. Esto es importante porque Estados Unidos, nuestro principal socio económico, también ratificó esta convención. Esto significa que quedamos cubiertos, tanto si compramos, como si exportamos.

¿En los arbitrajes, cómo se eligen los árbitros?

Las partes tienen la opción de escoger de uno a tres abogados, nacionales o extranjeros. Hay dos formas de elegir a los árbitros. Si el contrato estipula que las controversias serán administradas por un centro, el acuerdo de arbitraje determina como serán nombrados. El demandante elige a un árbitro, la otra parte también y los dos mismos árbitros eligen a un tercero.

Si estos dos árbitros no se ponen de acuerdo, el centro designa al neutral, buscando un trato equilibrado. Se evitan al máximo las influencias externas.

¿Y cuándo no es administrado por un centro?

Allí viene el problema porque el demandante puede nombrar un árbitro cualquiera, pero no hay un mecanismo para garantizar que no haya conflictos de intereses. Sin embargo, en el centro los árbitros tienen que firmar un compromiso de imparcialidad.

Afuera no pasa esto. Otro problema es que si el demandado no nombra a un árbitro, hay que pedirlo a un juez y  a lo mejor el juez no tiene tiempo ni conocimiento para elegir a un árbitro especializado. La ventaja de un centro administrado es que agarramos 15 o 20 especialistas y se los proponemos a los dos árbitros, analizando cuál conviene mejor.

¿Es el laudo definitivo o se aceptan recursos?

Las dos convenciones mencionadas dicen que Nicaragua se obliga a reconocer la validez del laudo y su eficacia. Una vez que se dicte el laudo, las partes deben cumplir. Si una de las dos no quiere, se va por la vía judicial y se ejecuta una sentencia. El procedimiento arbitral no tiene ningún recurso. Hay muy poca intervención jurídica, sobre todo cuando las controversias son administradas por un centro. Pero sí existe el recurso de nulidad, como en todas las leyes del mundo. Este se interpone en la sala civil de la Corte Suprema. No ataca el fondo, sino aspectos relativos a violaciones de procedimiento.

¿Con el arbitraje en cuánto tiempo se reglan los litigios?

En los asuntos mercantiles la duración media es de 90 días. En los seguros de 45. En la construcción pueden llegar a 5 o 6 meses máximos. Pero lo importante de los métodos alternos es que durante este tiempo se sigue negociando. No hay rompimiento y se puede volver a trabajar juntos. Esto representa un nuevo paradigma.

¿Cuál es la diferencia entre mediación y arbitraje?

La mediación es un mecanismo alterno de solución que permite no ir a la vía judicial. Los más afectados por este sistema son las grandes oficinas de abogados. En el arbitraje se escoge a un tribunal para juzgar una controversia. En mediación y conciliación es diferente. Es un mecanismo alterno y voluntario --igual que el arbitraje--, donde las partes designan a un neutral que será facilitador, no árbitro.

En las empresas siempre hay conflictos entre personas que pueden dañar la productividad; estas en vez de pagar abogados, deciden distribuir un bono para un centro privado ya identificado. El centro llama a las partes en conflicto y conversan. Para las empresas, sale más barato que pagar a una oficina de abogados.

¿El uso de la mediación mejora el clima de negocios?

Claro que sí, porque mejora las relaciones en cada empresa. La comunicación permite poner los problemas sobre la mesa y solucionarlos más rápido. Luego, a nivel de país, también puede ser útil. En el conflicto de las minas, por ejemplo, una de las dificultades es la comunicación que impide clarificar el problema de fondo. Este es el ejemplo típico de un conflicto no resuelto que puede afectar el clima general de negocios. Limita las exportaciones de la empresa y puede tener efectos sobre el PIB de un país.

¿En las economías avanzadas, qué parte de los conflictos se resuelve gracias a estos métodos?

Es difícil sacar estadísticas generales, ya que estos procedimientos suelen ser confidenciales. En Costa Rica, solo en la Cámara de Comercio se resolvieron conflictos por un valor de US$25 millones en un año. En Nicaragua, hace poco nos hicieron una contrademanda de US$32 millones. Las partes se sentaron a negociar y se resolvió la controversia. Esto da una idea de lo que significa. Este año, el Centro de mediaciones y arbitraje lleva más de veinte casos solo de arbitraje. La cláusula de mediación también tiene un factor disuasivo: pongámonos de acuerdo o nos vamos a juicio. Aun así, la escuela tradicional sigue siendo de ir a juicio cuando hay un litigio.

¿Qué se puede ganar con un procedimiento de 10 años?

Nada.

¿Quién es?

René Orúe.

Es un abogado especializado en derecho comercial. También es docente del Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación (Ibesi).

 

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