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La cúpula empresarial panameña rechazó por “inaceptable” la supuesta propuesta del Gobierno de “utilizar fondos del Canal de Panamá como una fuente que estabilice” el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la estatal Caja del Seguro Social.

“No podemos seguir considerando al Canal de Panamá, el cual es patrimonio inalienable de todos los panameños, como la caja menuda para resolver todos los problemas del país”, sentencia en una declaración la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Recuerda que, tal como lo establece la Constitución, los excedentes económicos que aporta la ruta interoceánica deben ir al Tesoro Nacional, y, por ende, se deben administrar con responsabilidad y una visión general de Estado.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo anteriormente que esperará a ver los resultados económicos de la apertura del Canal de Panamá ampliado, prevista para 2016, para promover la búsqueda de soluciones, en una discusión nacional, sobre el programa de pensiones y jubilaciones, que podría nutrirse de esos fondos.

“En lugar de crear subsidios o propuestas que no solucionan el problema a largo plazo, es necesario trabajar en una transformación integral, fundamentada en estudios actuariales, los cuales aún no han sido presentados, que incluya una reingeniería administrativa y financiera de la Institución de seguridad social”, reclama.

Evitar costos políticos

La Cciap critica que “por evitar los costos políticos que acarrearía este cambio”, los gobiernos han desaprovechado la ventana de oportunidad que le dio la última reforma a la Ley Orgánica de la CSS hace 10 años, durante la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009), que creó dos sistemas de jubilación.

“En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá,hemos propuesto abordar este tema en un diálogo nacional, en el cual se deben analizar cinco pilares: la tasa de retorno como un factor fundamental para incrementar los fondos, las tasas de aportaciones del trabajador y el empleador, los aportes del Estado, la edad de jubilación y el número de cuotas”, señalan los empresarios.

Alrededor de 200,000 ancianos panameños que reciben actualmente una pensión o jubilación, más los que se le agreguen en la próxima década, serían quienes sufrirían las consecuencias de ese colapso.

 

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