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  • EFE

La desaceleración económica que sufre Latinoamérica ha menguado la capacidad de inversión de sus gobiernos, lo que da paso a que las alianzas público-privadas sean una alternativa para promover el desarrollo, según el especialista del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Antonio Juan Sosa.

“Es la alternativa para poder seguir haciendo proyectos”, dijo en una entrevista con Efe Sosa, vicepresidente de infraestructura del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El especialista explica que la Alianza Público-Privada (APP) es “una fórmula un poquito más compleja que el procedimiento normal para desarrollar proyectos”, ya que “implica que el sector público se ponga de acuerdo con un grupo de empresas del sector privado con el objeto de que las dos partes puedan contribuir al desarrollo” en un país.

Sosa asegura que “la complejidad” de la APP requiere “un poco más de tiempo en la manera cómo se desarrolla un proyecto”, pero “eso agrega más calidad, más profundidad, más conocimiento y el Gobierno puede soltar un poco la responsabilidad en un concesionario privado y multiplicar el trabajo del Gobierno por cinco, por diez o por veinte”.

Caso chileno

Varios países en América Latina “ya han iniciado este tipo de esquema con bastante éxito”, particularmente Chile, que es “tal vez el más famoso y el primero”.

El área de infraestructura es una de tantas que puede beneficiarse de esta modalidad de inversión, en la que debe movilizarse una cantidad de fondos que hoy en día el sector público

no puede afrontar en solitario. Chile es un ejemplo de esto en la región, tras impulsar inversiones en las infraestructuras de transporte combinando capital público y fondos privados.

Sin embargo existe un malestar en algunos de sus habitantes que han protestado por el alto costo de pasaje.

Sobre esto, el especialista explica que “cuando se hacen las APP a veces el Gobierno puede seguir subsidiando algunos servicios, pero suele ocurrir que cuando se adopta este esquema simplemente se deja que el privado se maneje de acuerdo con las condiciones que considera necesarias para poder operar los servicios”.

Subsidio a sectores

Esto hace que, dijo, el sector privado cubra “todos los costos y obtenga la necesaria rentabilidad que el privado requiere”, por lo que “aumenta un poco los costos de estos proyectos y de su operación”.

“Si esto preocupase mucho al Gobierno en algunos casos y llegase a convertirse en un punto crítico, el Gobierno puede seguir subsidiando para ciertos sectores de la población los servicios que se están prestando, si lo considerara como un problema necesario y que valdría la pena solventar”, señaló.

Otros países que han impulsado las APP, según Sosa, son Perú, que “ya ha incursionado en este tipo de esquema”, como también lo está haciendo Colombia “en la construcción de una serie de carreteras en diversas regiones del país”.

“En el mismo Brasil, ciertos Estados han utilizado este esquema selectivamente”, afirmó.

Aseguró que Paraguay está “tratando de iniciar un programa con este esquema público-privado”, y le ha solicitado apoyo al CAF en esta materia.

También en Ecuador

Otro país que ha confiado en la APP es Ecuador, que aprobó en octubre pasado una ley que crea incentivos para las asociaciones público-privadas que acometan obras de infraestructuras y vivienda social, en la que se estableció una normativa para las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado.

Pero también es “posible que algún grupo que llegue a un Gobierno sea un poquito más ‘estatista’, que prefiera que el Estado asuma la responsabilidad de todos los desarrollos que se desean hacer”, y “no vean la participación del sector privado como algo prioritario”.

Este escenario, dijo Sosa, “es más difícil” para promover el desarrollo en la región.

“Es una posibilidad, durante muchos años los países lo hicieron de esa manera, pero en la medida que estas experiencias de esquemas público-privados se conocen y se ve que añaden valor y le permiten al Gobierno hacer más obras de las que haría solamente con los fondos públicos, los gobiernos empiezan a tratar de trabajar de esa manera”, señaló.

La CAF es una institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional.

Está conformada actualmente por 19 países de América Latina, el Caribe y Europa.

Sus accionistas son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, así como 14 bancos privados de la región andina. 

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