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II y última parte

Sumidos en la trampa de alta emisión de dióxido de carbono

Pese a la conciencia global sobre la necesidad de la radical descarbonización de nuestras fuentes de energía ¿por qué no se logró un acuerdo más ambicioso? Los tres principales puntos de desacuerdo en la negociación fueron 1) la financiación para la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático en los países más vulnerables; 2) la diferenciación o no entre países ricos y pobres y 3) la ambición del acuerdo más allá de una mera declaración de intenciones.

Aquí, el papel de las energías fósiles es fundamental, ya que los países ricos se niegan a pagar por los efectos que ya han causado en los países más expuestos al cambio climático. Este es un acuerdo que está lleno de promesas sin carácter vinculante en el terreno de las indemnizaciones a los países que sufren de lleno las consecuencias del cambio climático.

Estas discrepancias para lograr una mayor “justicia climática”, que incluyen además de responsabilidad global de los grandes emisores de CO2, la creación de un mercado global de emisores de CO2, y fijar un precio internacional a las emisiones percápita de CO2, dejan un trecho enorme que debe resolverse tras la conferencia.

Como ejemplifican por su parte Sachs, Schmidt-Traub y Williams, los resultados probables de la COP21, distan mucho en el mejor de los casos de alcanzar los niveles meta de bajas emisiones de anhídrido carbónico (CO2) per cápitas requeridas para el año 2050, menos  para lograr la descarbonización total de nuestras fuentes de energía.

Sencillamente no estamos en la ruta de la radical descarbonización de nuestras fuentes de energía. Seguir esa ruta, implica no sólo emplear las avanzadas tecnologías disponibles para cambiar nuestra matriz energética, sino una regulación masiva de los gobiernos para erradicar las tecnologías contaminantes basadas en el carbono, afectando una serie de poderosas industrias alrededor de estas actividades nocivas al ambiente.

Tal cambio, requiere de acciones realmente revolucionarias, tanto en materia tecnológica, como reguladoras por parte de los gobiernos, especialmente de los países ricos. Y multimillonarias compensaciones y ayudas a los países en vías de desarrollo, para que den el salto a economías “posindustriales” sin haber pasado muchas por la fase industrial y altamente contaminante, como ha sucedido con los actuales países emergentes en Brasil, Corea del Sur, China, India y los Tigres asiáticos. En una palabra, domesticar el “capitalismo salvaje” del que hablaba el papa Juan Pablo II, y transitar al menos a un “capitalismo con rostro humano” no depredador del ambiente.

Proyecciones de emisiones de CO2 percápita 2015-2070

Los desafíos de Nicaragua ante el cambio climático

En la COP21, el gobierno de Nicaragua tenía toda la razón de llegar con bajas expectativas. Sin embargo, podría haber tenido una posición más proactiva y propositiva. Así como Ecuador propuso, de “compensar las emisiones netas evitadas” recibiendo ayuda financiera por preservar zonas protegidas, Nicaragua hubiera llevado una propuesta concreta para recibir ayuda financiera para preservar y ampliar el área protegida de Bosawás, así como para mitigar los posibles daños ambientales y a la población con la construcción del Canal interoceánico.

Para ello, tenía que inventariar con un estudio ambiental técnicamente reconocido, tanto la capacidad de captura de carbono del área protegida de Bosawás, como su capacidad para la infiltración de agua del bosque. Con sólo cobrar US$10 dólares por tonelada de carbono capturada, el país podría proteger este importante pulmón verde del planeta. Similarmente, si se tuviera bien mensurado los posibles daños ambientales y humanos de la construcción del Canal interoceánico, se hubiera llevado una propuesta para ayudar al país a mitigar estos daños.

Y como la caridad ordenada entra por casa, como señalamos en este mismo diario, al menos el país debe hacer un esfuerzo nacional para mitigar el cambio climático y la sequía recurrente en el agro de Nicaragua. Con solo eliminar las pérdidas pos cosechas en granos básicos, aumentaríamos la producción entre un 30% y 40%. Ello requiere de una reorientación del gasto público, con un enfoque de seguridad alimentaria, y de tener políticas de desarrollo territorial en el Corredor seco del país, como irrigación y captura de agua.  

Existen propuestas ya esbozadas, para lograrlo, como las planteadas por CEPAL y el Estado de la Región, con ricas sugerencias para lograr resultados contundentes en esta área.

Como plantea CEPAL, los riesgos del cambio climático pueden ser aprovechados para impulsar “…En términos de la política pública, ésta requiere pactos dentro de la sociedad incluyendo: inversiones e incentivos para el cambio estructural en la producción y en el consumo que reduzcan el riesgo climático y fomenten la transición a economías ambientalmente sostenibles; políticas fiscales que generen un mejor equilibrio entre bienes privados y servicios públicos en la arquitectura del bienestar; gobernanza más robusta de los recursos naturales y preservación del ambiente, incentivando una matriz productiva más diversificada y “verde” y un pacto social y laboral, que potencie la capacidad redistributiva del Estado; y una institucionalidad laboral más incluyente (CEPAL, 2010)…”

Entonces ¿a qué esperar?

 

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