Melvin Vargas
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Uno de los problemas más palpables de nuestra actualidad es la falta de privacidad, a menudo recibimos mensajes de proveedores ofreciéndonos algún servicio o bien,  lo que significa que nuestros datos realmente se encuentran en manos de muchas personas, naturales o jurídicas, y pone de manifiesto el poder del comercio actual, capaz de tirar cualquier barrera para lograr su propósito.

El derecho a la privacidad

El derecho a la privacidad se trata de un derecho fundamental, nuestra Constitución así lo reconoce en su artículo 26, además de eso, el mismo artículo afirma de forma categórica y clara que toda persona tiene derecho a conocer la información que sobre ella se tiene y que se encuentre  registrada tanto en instituciones públicas como privadas, así como a saber por qué y para qué se tiene esa información,  en este último caso se trata del derecho a la autodeterminación informativa. 

El uso de la información en el mercado financiero

Es sabido que las instituciones del sector financiero manejan información sobre los clientes y los potenciales con la intención de conocer sobre el riesgo que implica hacer un préstamo. No obstante, según la norma sobre centrales de riesgo privadas, para que esta pueda brindarle información a la institución financiera es necesario que presente la autorización del titular de los datos, es decir, sin esa autorización la central de riesgo privada no debería proceder a brindar información. Cabe señalar eso sí, que comúnmente la autorización que otorga el titular lo hace en el marco de un contrato por adhesión, es decir, que se trata de una autorización predispuesta e impuesta por la institución financiera.

A pesar que la Ley 842 --Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores-- califica como cláusula abusiva aquella que obligue a los consumidores a dar su consentimiento para que se usen sus datos personales, en el mercado financiero funciona de una manera distinta.

Solicitud de información ante las Centrales de Riesgo Privadas

Cualquier ciudadano puede solicitar un reporte sobre su estado crediticio ante las Centrales de Riesgo Privadas, únicamente tiene que pagar por el costo del procesamiento de los datos, la central de riesgo está en la obligación de emitir el informe dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud.

En caso que el solicitante no se encuentre de acuerdo con la información contenida en el reporte de crédito, tiene el derecho de pedir una rectificación, para tal fin, debe presentar el reporte. Posteriormente la  Central de Riesgo Privada procede a investigar con la institución financiera correspondiente las afirmaciones del que solicita la rectificación a fin de modificar o notificarle al recurrente que no se ha podido  solucionar el problema planteado en el reporte de crédito, por lo que este debería tratar de resolverlo a través del órgano regulador según el mercado, en este sentido, cuando son instituciones financieras que captan recursos del público es la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

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