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  • EFE

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció ayer que el Estado Libre Asociado de EE.UU. no podrá hacer frente en su totalidad a los vencimientos de deuda por más de US$900 millones que se cumplen a principios de enero próximo.

"Hacer un pago total va a ser poco menos que imposible. Si se hace un pago parcial habrá que decidir qué bonos pagar. Es una evaluación que se está haciendo. Es muy poco probable que no haya un ‘default’--impago--", dijo García Padilla en conferencia de prensa.

El gobernador confirmó así comentarios anteriores sobre la posibilidad de un impago, además de lanzar un mensaje para quienes, como refirió, piensan que el Ejecutivo exagera sobre la desesperada situación de liquidez por la que atraviesa.

"No se puede decir que tengo los chavos (dinero) para pagar los bonos, que le debo US$300 millones a los proveedores, que estamos atrasados en el pago de los reintegros del pago de las declaraciones sobre rendimientos y decir que no hay crisis real.

No puedo fingir un impago

“Lo que yo no puedo es fingir un impago", expresó el jefe del Ejecutivo. García Padilla señaló que el probable impago provocará demandas judiciales por parte de los acreedores, lo que dijo que es culpa en último término del Congreso estadounidense por no permitir que Puerto Rico se acoja al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, como pueden todos los estados de EE.UU.

Señaló además que su deber es decir la verdad sobre la posibilidad de un impago.

En cuanto al abono de la paga de Navidad a los funcionarios, cuyo retraso provocó incertidumbre y que se gestiona durante estos días, manifestó que se trata de una parte del salario de los funcionarios públicos con el que había que cumplir.

A principios de enero venidero se cumplen vencimientos de deuda por más US$900 millones de deuda, de los que cerca de US$300 millones son de las llamadas obligaciones generales, lo que quiere decir que su pago está garantizado por la Constitución local.

Miembros del Ejecutivo han tratado de convencer al gobierno estadounidense de que el Estado Libre Asociado, que enfrenta una deuda cercana a los US$73,000 millones, pueda acogerse al capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, sin éxito hasta el momento por la oposición de los republicanos en el Congreso en Washington.

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