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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estudia si acepta o apela dos fallos arbitrales que le obligan a pagar US$17.47 millones por sobrecostos al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en concepto de varios reclamos.

De acuerdo con un comunicado distribuido en vísperas de Nochevieja por la ACP, la segunda instancia de arbitraje (la primera es la propia autoridad), conocida como Junta de Resolución de Conflictos (JRC o DAB, por sus siglas en inglés), emitió su decisión en relación con los montos reclamados por GUPC, liderada por la española Sacyr, por asueto no previsto, protestas y una huelga.

La ACP espera recibir el canal ampliado en el segundo trimestre de 2016, tras una inversión de más de US$5,250 millones iniciada en 2007 y sucesivos atrasos del contratista, que debió concluir el tercer juego de esclusas en octubre de 2014.

Análisis

Al respecto, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, señaló que la ACP respeta la decisión de la junta, aunque no la comparte.

“Ahora nos corresponde hacer un análisis profundo técnico y jurídico de esta decisión para dar el paso que más convenga a los intereses del Canal”, puntualizó Quijano.

La parte no satisfecha con la decisión tiene la opción de elevar el caso ante un Tribunal de Arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, en donde hay por resolver otros reclamos de GUPC que superan los US$3,000 millones.

No obstante, Quijano matizó que “siempre fue la posición de la ACP que se cumpla con los procesos establecidos contractualmente como en esta resolución en la que procederemos a cancelar la diferencia a GUPC dentro del término establecido en el contrato”.

Reclamos

El administrador se refería a una de las decisiones, de tres reclamos formulados en concepto de pagos adicionales por el incremento en mano de obra y otros cargos provocados como consecuencia de los días libres decretados por el Gobierno Nacional, por el fallecimiento de dos expresidentes en 2011 y 2012 y por los disturbios ocurridos en la provincia de Colón en octubre de 2012.

En principio, la ACP había concedido mérito a la reclamación, más no a los montos presentados por GUPC, por US$16.43 millones.

La ACP accedió a pagar US$495,417, pero la JRC le impuso un pago de US$6.20 millones.

“El total neto a pagar como balance entre lo otorgado y lo ya pagado es de US$5.7 millones “, agrega.

Mientras tanto, la JRC dijo a la ACP que tiene que pagarle a GUPC US$11.27 millones y darle 13 días de extensión de contrato por los daños ocasionados por la huelga desarrollada del 23 de abril al 7 de mayo de 2014 por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

“En este sentido, la ACP también había concedido mérito a la reclamación. Sin embargo, los montos solicitados eran insustentables”, argumenta.

Al respecto, GUPC pretendía un pago de US$28.69 millones más una extensión de 17 días, pero la ACP había reconocido US$2.91 millones y 12 días, según la administración de la vía.

“El total a pagar para este reclamo, como balance entre lo otorgado y lo ya pagado es de US$8.35 millones”, apunta.

Según Quijano, “una vez más quedó en evidencia la tendencia del contratista a presentar costos inflados, hasta más del doble por encima de los costos que ha identificado el DAB”.

GUPC no ha comentado sobre las resoluciones de la JRC.

 

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