Iván Escobar Fornos
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En el año 1978, ilustres mercantilistas y civilistas nicaragüenses, por encargo del Banco Central, terminaron de redactar el Proyecto Código del Comercio sobre el que había preparado para dicho banco el ilustre mercantilista argentino Fontanarrosa, con el decidido propósito de derogar el Código Barrios que había desempeñado su función hasta entonces, con ciertas reformas, figuras e instituciones creadas por los juristas y empresarios. Para su época, no solo era apropiado, sino también adelantado en la dinámica contractual, dándole amplio cauce al tráfico mercantil al facilitar el intercambio de bienes, productos y servicios. Se perdió la oportunidad de ponerlo en vigencia al caer el régimen. Hoy se nos presenta una nueva coyuntura con el Proyecto de Código Mercantil, producto del Convenio de Donación entre la República de Nicaragua y el Banco Mundial, de enero de 2009.

Nuevas figuras

Son abundantes las nuevas figuras e instituciones jurídicas que consagra, poniéndolo de acuerdo con las exigencias del desarrollo económico interno y su inserción en la globalización, lo que exige un estudio integral y de contexto. Brevemente informaremos al lector de algunas de sus novedades. El objeto de este proyecto es la actividad mercantil en todas sus manifestaciones, señala  los sujetos a los que se aplica, enumera los actos de comercio y la naturaleza dispositiva (que pueden ser modificadas por el contrato, una de sus manifestaciones) e impositivas (no pueden ser modificadas por los contratantes) de sus normas, respondiendo a la regla general de un Código Mercantil, en que impera la libertad contractual para ser congruente con el carácter profundamente privado de la materia mercantil, salvo excepcionalmente cuando la ley o el interés general no lo permitan. 

Derechos y garantías

Es sumamente importante para las personas en general y el empresariado en particular que conozcan sus derechos y garantías constitucionales, a través de los principios que inspiran al proyecto; a saber: a) El de jerarquía constitucional. Consiste en someter la actividad mercantil y los actos mercantiles en particular en un contexto (en torno) de plena subordinación a los preceptos de la constitución política, los cuales otorgan derechos y beneficios a la propiedad de los empresarios, protege la iniciativa privada, la libertad de empresa y, como correlativos, se establecen limitaciones por motivos sociales, el interés nacional, el bien común, la función social de la propiedad y otras expresiones similares, tal como puede verificarse en varios artículos de la Constitución: cinco, veinticuatro, veintiséis, cuarenta y cuatro, ciento tres, ciento doce, ciento cuatro, ciento cinco y ciento dieciocho, lo que es natural porque existen derechos, garantías y obligaciones constitucionales y estamos en presencia de un Estado Social de Derecho. b) El de legalidad que somete la actividad mercantil al cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional (arto. 104 de la Constitución, en adelante Cn.). c) El de seguridad jurídica, en virtud del cual la actividad empresarial y los actos mercantiles se ejecutan garantizando la seguridad jurídica de los operadores mercantiles, a las inversiones, a las partes contratantes, a los usuarios y consumidores, a los terceros participantes en el mercado (artos. 25 y 26 Cn.). d) El principio de libertad o iniciativa económica, que consiste en otorgarle a todas las personas naturales y jurídicas plena libertad para ejercer la libertad empresarial, observando la ley y otras normas (reglamentos, decretos, etc.) que regulan el negocio en que intervengan (arto. 104 Cn.). e) El de la libertad individual, en virtud de la cual toda persona natural o jurídica goza de plena libertad para ejercer la actividad empresarial observando la ley y las otras normas que regulan el negocio de que se trata (artos.25 y 104 Cn.). f) La libre competencia que exige los empresarios desarrollar sus negocios en un ambiente de libre competencia e intercambio de bienes, productos y servicios en el contexto de la oferta y la demanda (arto. 99 Cn.). g) El de promoción estatal y la facilitación de la actividad empresarial en unidad con el Estado, los trabajadores y los empresarios (artos. 98 y 101 Cn.). h) La promoción estatal de la actividad mercantil, conceder facilidades, con la colaboración de los empresarios y trabajadores a fin de mejorar la educación, la productividad  nacional (arto. 101 Cn.). i) La libertad de asociación de las personas naturales y jurídicas. Tienen libertad de asociarse o crear sociedades mercantiles (arto. 99 Cn.). j) La libre disposición de los bienes. El empresario goza de la libertad para obtener, disponer, traspasar, disfrutar, gravar y enajenar los bienes en ocasión de los negocios a los que se dedica con las limitaciones de la ley. También cubre la propiedad de la inversión extranjera (artos.5, 44, 100 y 106 Cn.). 

De los Contratos

La libertad contractual y de los negocios del empresario. Como consecuencia puede incorporar a los contratos las cláusulas que considere favorable a sus intereses, excepto las no permitidas en la ley, partiendo de la igualdad de las condiciones de las partes, por lo que se regulan los contratos de adhesión para proteger al más débil del pacto y en determinadas condiciones la desigualdad anula el contrato. Por otra parte, los contratos mercantiles pueden celebrarse verbalmente, en documento privado o en escritura pública (artos.5, 44 y 104 Cn.), a diferencia del Código Civil que exige generalmente la documentación del contrato.

Continúan los principios de la publicidad registral, la transparencia, la publicidad no engañosa, la libre competencia, la ética y la responsabilidad social. Los principios le sirven a la Asamblea Nacional para hacer e interpretar las leyes, a la Administración Pública y a los jueces para aplicar e interpretar la ley (el Código Mercantil), con la fuerza y jerarquía de los valores, principios y garantías constitucionales ya citados, por lo que apartarse de ellos, salvo disposición limitativa de la Constitución, violaría la Carta Fundamental, con la sanción de inconstitucionalidad. Todos estos principios son alentadores para el empresario nacional y la inversión extranjera. Continuaremos con otras novedades del citado proyecto.

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