Dr. Iván Escobar Forno.
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Ya hemos escrito sobre las ventajas que se le conceden al empresario y para abundar en ellas me refiero a una de sus principales: la personalidad jurídica de la sociedad. 

El Derecho Romano no creó una teoría sobre las personas jurídicas, pero se refirió al concepto en relación con ciertos grupos: municipios, Estado, gremios, hermandades de artesanos, sociedades de culto, sociedades y otros grupos. Las relaciones que resultaban de los actos jurídicos de estos grupos sólo tenían efecto entre los socios y no daban vida a una persona jurídica distinta a la de cada uno de los socios, por lo que no podían establecerse relaciones jurídicas entre la sociedad y terceros. Cada socio actuaba en nombre propio y los actos repercutían en su propia esfera jurídica y no en el de la sociedad, pues esta carecía de personalidad jurídica. 

En el Derecho Germánico aparece la Genosenchoften, que se aproxima a la persona jurídica, en la que se nota una cierta transpersonalizacion de los fines, aparece el concepto de capacidad procesal, patrimonial y la posibilidad de perseguir a la sociedad por la comisión de delitos.

En el Derecho Canónico, la Iglesia principia a perfilarse una personalidad distinta de los fieles que la integran.

En la Edad Media, las corporaciones se constituyen libremente, existe amplia capacidad jurídica, poseen autonomía de gobierno propio de las sociedades. Los glosadores y canonistas conceden solamente al Estado la potestad de constituir sociedades y poderlas disolver.

La sociedad colectiva se origina en la comunidad familiar, el jefe de la familia como fundador y sus descendientes, corresponsabilidad solidaria e ilimitada, y se proyecta externamente por medio de representantes. Al comanditario le niega la facultad de acreedor y lo convierte en socio, concediéndole preferencia a los verdaderos acreedores (Ley Florentina de 1908). 

En esta forma va surgiendo la idea de una persona jurídica distinta a los socios, en la que los acreedores tienen preferencia para pagarse con los bienes patrimoniales sociales con preferencia a los socios.

Con el tiempo va surgiendo la tesis de que existe una persona jurídica independiente, con patrimonio propio y capacidad jurídica diferente de la de los socios, hasta llegar a consolidarse y adquirir su esplendor con la responsabilidad limitada al patrimonio de la sociedad.

En el Código Civil vigente y el Código de Comercio de 1914 tanto las sociedades civiles y mercantiles gozan de personalidad jurídica (arts. 31.88 Código Civil y 119 de Código del Comercio).

En el Código de Comercio de 1870 se regularon las sociedades, pero no tenían personalidad jurídica y se permitía la responsabilidad únicamente patrimonial en la sociedad anónima.

En el año de 1846, José Benito Rosales, en su Manual Alfabético de Jurisprudencia Práctica, formula algunos conceptos sobre lo que era la sociedad para esa época. Para fundamentarlos citaba las Ordenanzas de Bilbao, Las Siete Partidas, La Jurisprudencia Mercantil de Eugenio Tapia. Esas sociedades no tenían personalidad jurídica

Abuso de la personalidad jurídica 

Las sociedades de responsabilidad limitada y organizadas como personas jurídicas han abusado de esta vestidura, principalmente en los siglos XIX y principios del XX, en los cuales prevalecía el criterio del famoso jurista alemán Von Saviny, quien consideraba que las personas jurídicas no sienten, no tienen voluntad propia, son creaciones ficticias de la ley, por lo que se encuentran completamente fuera del terreno de la imputabilidad, ya que los actos ilícitos sólo pueden ser cometidos por individuos que forman parte de ellas,  razón por la cual se amparaban en esa doctrina, causaban daños y defraudaban a terceros con sus actuaciones, situación inaceptable, para la fluidez y orden de las relaciones mercantiles.

Señala Manuel Escobar H. (Publicaciones Jurídicas 1958) que el primero en abordar este tema fue Miguel Cuadra Pasos en sus tesis de graduación. Hace un estudio del art. 602 del viejo Código de Instrucción Criminal y concluye que las personas jurídicas cometen delito.

En el Derecho Contemporáneo se sostiene que las personas jurídicas son responsables de delito o cuasidelito penal, imponiéndoles penas severas taxativamente señaladas, entre ellas: intervención judicial, multas, suspensión de sus actividades, disolución etc., por el tráfico de drogas, trata de personas, estafa, prostitución, etc.

También son responsables penalmente por los daños y perjuicios causados por, los ejecutivos y empleados que se ha beneficiado de estos ilícitos, tanto por dolo como negligencia grave, al no ejercer la vigilancia requeridas. En España y Chile se establecen penas para las personas jurídicas que cometan determinados delitos. 

En nuestro país también se penaliza a las personas jurídicas como puede verse en art.309 del Código Penal y la Ley 735, “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Descomisados y Abandonados” de 2010 y la Ley 766 y “Ley Especial para Control y Regulación de las Casas y Salas de Juegos” de 2011, para determinados delitos.

Las personas jurídicas y sus funcionarios y empleados, responden también de los daños y perjuicios causados a terceros, independientemente de la responsabilidad penal si existiere. 

Esta responsabilidad civil y penal de los funcionarios y empleados de las sociedades, rasgó el velo que cubre a la persona jurídica, lo que permite penetrar en el interior de la sociedad y sancionar a dichos empleados y funcionarios.

Para vigilar el cumplimiento de la administración social y de todos los negocios y operaciones sociales, el art.2165.1 del Proyecto constituye un órgano de vigilancia societario, como en Chile y España. 

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