Melvin Escobar
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Por lo general, cuando se habla de competencia se hace referencia a las atribuciones, funciones o facultades que ostenta determinada institución u órgano de autoridad para llevar a cabo y desarrollar ciertas asignaciones que alguna ley habilitante le atribuye, sin embargo, en el presente artículo me refiero a la competencia económica.

Según la Guía Popular de Competencia elaborada por el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), el término competencia se refiere  a “las actividades que desarrollan las pequeñas, medianas y grandes empresas para ganar la preferencia de los consumidores tales como: publicidad, promoción, rebajas, descuentos, rifas, calidad, precios accesibles, entre otros. Sin embargo, esta condición de competencia, está en dependencia de la libertad que tienen los consumidores en adquirir los productos o servicios ofrecidos por las empresas en los diferentes mercados disponibles en nuestro país”.

Libertad de empresa y libre competencia

En los sistemas de economía de mercado, uno de los principios básicos es el de la libertad de empresa. En Nicaragua este principio se encuentra comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política y dice lo siguiente: “… el Estado garantiza la libertad de empresa…”, además menciona: “El Estado promoverá y tutelará la cultura de la libre y sana competencia entre los agentes económicos, con la finalidad de proteger el derecho de las personas consumidoras y usuarias. Todo de conformidad a las leyes de la materia”,  es decir que  es obligación del Estado establecer un marco de competencia que permita detectar y corregir cualquier distorsión que afecte el buen funcionamiento del mercado.

La libre competencia promueve el progreso y  bienestar del consumidor, esto, como consecuencia de la búsqueda de  un equilibrio, procurando el ofrecimiento  y adquisición de productos y servicios de mejor calidad a menor precio.

Ley 601

En Nicaragua se aprobó la  Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, el 28 de septiembre de 2006,  el objeto de la misma es  promover y tutelar la libre competencia procurando la eficiencia en el mercado y el bienestar de los consumidores, a través del fomento de una cultura de competencia y de la represión de varias conductas tales como acuerdos para fijar o manipular precios o bien establecer límites en la producción de determinado bien.

En realidad, existe una diversidad de conductas sujetas a valoración jurídica por parte de Procompetencia, que es el órgano encargado de la aplicación de la Ley 601,  no obstante, es preciso destacar que en el caso de los mercados en los que exista un  ente regulador Procompetencia únicamente emite un dictamen que debe ser tomado en cuenta por el ente regulador.

Algunas conductas

Por lo general se habla de acuerdos restrictivos de la competencia, abuso de posición de dominio y competencia desleal. Cada uno de esos grupos de conductas merece un tratamiento distinto. De todas formas, independientemente que existan algunas diferencias, el elemento común de esas prácticas es que lesionan o restringen la competencia en los mercados, afectan los precios de bienes o servicios, dañan a productores, distribuidores y consumidores.

De esta manera, el órgano competente debe valorar conductas conocidas como la imposición de precios; la  condición de exclusiva entre el distribuidor mayorista y el minorita, con la finalidad que este último no compre o comercialice productos de la competencia; la venta condicionada a la adquisición de otro bien o servicio no requerido; actos de comparación y denigración; aprovechamiento de reputación ajena y muchos otros.

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