Melvin Escobar
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Muchas veces, cuando se dispone de tiempo para realizar determinada compra que se considera importante,  se desarrolla  una breve investigación en relación a las condiciones que ofrecen los empresarios,  y en varias ocasiones,  se puede comprobar que el precio y otras condiciones necesarias para decidirse y elegir alguna de las opciones, no varían en realidad, prácticamente son las mismas.

En Nicaragua, la Ley 601, de Promoción de la Competencia,  prohíbe los entendimientos y acuerdos para uniformar  precios y otras condiciones importantes entre agentes económicos  competidores, por ejemplo,  la garantía, plazos de entrega, forma de finalizar la relación  y demás cláusulas predispuestas por los empresarios en los denominados contratos por adhesión,  en los que se podrían encontrar varias cláusulas coincidentes, situación que no indica necesariamente que se trate de una práctica anticompetitiva, pero al menos merece algún análisis por parte de las autoridades.

Manipulación de precios y la experiencia en otros países

En México,  la que en su momento se denominaba Comisión Federal de Competencia (hoy Comisión Federal de Competencia Económica), sancionó a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga,  esto, por incentivar a sus agremiados  a realizar un acuerdo para transmitir a sus clientes el aumento del combustible, lo que en su momento se denominó cargo por  ajuste del combustible.  

Por otra parte,  la Comisión sancionó a otras cinco empresas por ejecutar el acuerdo, que básicamente consistía en transferir el alza,  de manera acordada y uniforme, a los usuarios del servicio, impidiendo   que cada transportista decidiera según la situación  de mercado y su poder de negociación con cada cliente,  si absorbía parte de ese aumento o no,  tal como debería suceder si realmente existieran condiciones normales de competencia.

Manipulación de otras condiciones

Como ya mencioné,  el acuerdo de uniformar la oferta y eliminar la competencia no solamente se hace en referencia al precio, probablemente  este sea el más conocido, no obstante, hay muchas otras condiciones importantes con las que se desarrolla dicha práctica anticompetitiva.

Por ejemplo, piénsese en las condiciones de garantía sobre bienes, de igual forma, si se hace un estudio comparándolas encontraremos que son muy parecidas o idénticas, aunque es indispensable aclarar que en muchos casos no se trata de acuerdos entre las empresas y por ello no se les puede calificar de ilegales de entrada, siempre es necesario un estudio del comportamiento de las empresas.

Con respecto a lo descrito, en su momento el Tribunal de Defensa de la Competencia de España (hoy Comisión Nacional de los Mercados y  la Competencia),  se pronunció en un caso en el que se solicitó la declaración de práctica restrictiva en relación a un acuerdo  entre competidores relativo a la duración de garantías y otros servicios posventa, en esta oportunidad el órgano expuso lo siguiente: “No es aceptable que las posibilidades de elección de los consumidores se vean frustradas a causa de la uniformidad en lo que se le ofrece”, indicó además, que cada fabricante, en condiciones normales de competencia, debería  tomar la decisión de buscar el desarrollo de su empresa y la mayor captación de clientes ofreciendo los mejores términos dentro de sus posibilidades.

Ahora bien, es importante mencionar, que en algunos países existen plazos mínimos de garantía, en consecuencia, el período está regulado por ley, en el caso de Nicaragua, La Ley de Protección del Consumidor dice que el período de garantía mínimo es el que el fabricante disponga o bien debe valorarse la práctica del mercado. Por ende, en materia de garantía de bienes muebles de naturaleza duradera es difícil concluir que la uniformidad en las condiciones de garantía obedece a una práctica anticompetitiva, lo mismo para el caso de los bienes inmuebles, en los que la ley exige  un período mínimo de garantía de dos años.

No obstante lo anterior, hay muchas otras condiciones adicionales no establecidas por ley que sí pueden ser valoradas.

Sanciones

En Nicaragua, en caso de que el Órgano facultado compruebe que existen prácticas anticompetitivas como las descritas, podría aplicar sanciones  que oscilan entre cien salarios mínimos hasta un máximo de diez mil quinientos salarios mínimos.

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