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Después de varios años de aislamiento de los mercados financieros, Argentina inició el camino de una normalizacion económica que necesariamente pasa por el deshielo con una institución aún odiada en Buenos Aires: el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al anunciar el lunes un principio de acuerdo con los fondos "buitre", el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ya ofreció a la comunidad internacional una fuerte señal, pero aún resta abrir una nueva era con el FMI luego de una década de relaciones tirantes.

"Reconectarse con el FMI es crucial porque remueve la consolidada visión de Argentina como un país opaco que no publica ningún tipo de información económica", dijo a la AFP Monica de Bolle, una execonomista del FMI especializada en América Latina.

Un regreso a la institución permitiría además propiciar el retorno de inversionistas, dijo a su vez Ernesto Talvi, director del centro de análisis Brookings-Ceres Latin America Initiative.

GARANTÍA

"Saber que el Fondo estará presente si es necesario constituye una garantía importante para los inversionistas, especialmente en un momento en que son más y más reticentes a invertir en mercados emergentes", apuntó este exexperto del Banco Interamericano de Desarrollo.

Este acercamiento, sin embargo, no es considerado un hecho consumado en Argentina, donde diversos sectores apuntan el dedo acusador contra el FMI, al considerar que tuvo parte de responsabilidad en el default de 2001, punto álgido de una crisis de la que el país aún no se ha recuperado completamente.

Hasta Dominique Strauss-Kahn, exdirector gerente del FMI, llegó a admitir en 2007 que el Fondo era considerado un "diablo" en Argentina, y que había "razones para eso".

En una señal evidente de la hostilidad permanente, los últimos gobiernos argentinos redujeron a su mínima expresión las relaciones con el FMI, en especial durante la administración de la presidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

Desde 2006 el país se niega a aceptar las misiones anuales que el FMI envía tradicionalmente a sus 188 Estados miembro para analizar las cuentas públicas.

El foso que separa a las dos partes se tornó aún mayor en 2013, cuando el FMI inició contra Argentina un procedimiento inédito de sanciones para denunciar la falta de fiabilidad de sus estadísticas oficiales de inflación y crecimiento.

En ese momento, la directora gerente Christine Lagarde incluso llegó a amenazar al país con una "tarjeta roja" de expulsión, en una declaración que generó la ira en Buenos Aires.

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