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Un fiscal argentino impulsa una investigación para determinar si el equipo del presidente Mauricio Macri cometió delito en la negociación del acuerdo para cerrar el conflicto sobre la deuda con fondos especulativos, a raíz de una denuncia presentada ayer, informaron a Efe fuentes judiciales.

Federico Delgado, titular de la Fiscalía Federal número 6, pidió al magistrado Sebastián Casanello que el Ejecutivo ponga "de inmediato" a disposición todos los documentos que estén "directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los fondos buitre, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales", a través de un dictamen.

"Creemos que hay que abrir una investigación penal" pese a que "las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan", sostiene Delgado en el texto, al que accedió Efe.

El fiscal actuó a raíz de una demanda interpuesta este lunes por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis (en representación del instituto Arturo E. Sampay) por un presunto delito de traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

Según recoge Casanello, los denunciantes reclaman que se investigue si se está "premiando la práctica de los especuladores" al planear emitir deuda externa por más de 10.000 millones de dólares para acordar con el 6 % de acreedores de la deuda en mora desde 2001 que no aceptaron las reestructuraciones, mientras que para el 93 % que sí aceptó se emitieron 30.000 millones de dólares.

También que se estudie por qué si los fondos que ganaron el litigio contra Argentina en Nueva York ofrecieron al anterior Gobierno (encabezado por Cristina Fernández) cerrar el conflicto con un 30 % de descuento sobre los intereses punitorios del fallo y pago en bonos, el equipo de Macri pretende cerrar ahora el conflicto con desembolso en efectivo y con una reducción de solo el 25 %.

Asimismo, ponen en cuestión el arreglo con otro grupo de acreedores, los bonistas italianos, ya que este conflicto fue llevado ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial para resolver controversias entre gobiernos e inversores privados) y el fallo adverso a Argentina se encuentra aún impugnado.

  • A principios de este mes se había cerrado una negociación de 900 millones para pagar deuda a 50,000 acreedores italianos.

"Los funcionarios del Gobierno están ofreciendo pagos sobre un reclamo que todavía no tiene decisión firme y que cuenta con antecedentes contrarios al pago", expone el texto.

ENCARECEN

Para los abogados denunciantes, la investigación también debe abarcar si se está "encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino" favoreciendo a bancos acreedores como HSBC,JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs, designados como intermediarios en las nuevas emisiones de deuda pública.

El fiscal reconoce que las leyes argentinas delegan en el Ejecutivo ciertas competencias sobre el endeudamiento que la Constitución atribuye al Congreso argentino, pero ello tiene que estar supeditado a "mejorar".

"Definir si el perfil de la deuda mejora o no dejar ser una sencilla operación matemática. Si debemos más empeora, si debemos menos, mejora. No hay tantas vueltas posibles", argumenta Delgado.

El Gobierno de Macri y el grupo de fondos especulativos que habían denunciado al país en Estados Unidos alcanzaron el pasado 29 de febrero un acuerdo para cerrar un conflicto que mantiene a Argentina en cese de pagos y le impide acceder a los mercados financieros internacionales.

A principios de ese mes se había cerrado también otra negociación por 900 millones de dólares para saldar deuda pendiente con 50.000 acreedores italianos.

Para pagar los montos adeudados, el Ministerio de Hacienda argentino prevé emitir deuda por hasta 12.000 millones de dólares.

La aprobación de los distintos flecos del acuerdo con los fondos buitre dependen del Congreso argentino, donde el oficialismo no tiene mayoría.

El primer gran debate se producirá hoy en la Cámara de Diputados, donde se prevé que una parte suficiente de la oposición votará positivamente.

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