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El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, declaró que Francia va a reinscribir a Panamá en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal, a raíz del escándalo de los "Panama Papers", con “todas las consecuencias que esto tendrá para aquellos que tienen transacciones" con ese país.

Panamá hizo creer erradamente que estaba "en capacidad de respetar los grandes principios internacionales. Pudo así lograr no estar más inscrito en la lista negra de paraísos fiscales", agregó.

Francia había retirado a Panamá de su lista de territorios no cooperativos el 1 de enero de 2012, después de la firma de una convención relacionada a la lucha contra la evasión fiscal.

Pero en diciembre pasado, al ser reactualizada esa lista, el ministerio francés de Finanzas precisó que estaba "muy atento a la evolución de los intercambios" con Panamá y que consideraba "insatisfactoria" su cooperación respecto a los "pedidos de información de las autoridades francesas".

La Comisión Europea incluyó a Panamá en una lista de 30 paraísos fiscales en junio pasado, al presentar su plan de lucha contra la evasión fiscal. Pero el GAFI, la institución de lucha contra el blanqueo, lo retiró de su lista gris a principios de 2016.

Panamá responde

La respuesta de Panamá fue inmediata y dijo que evaluará acciones de represalia contra Francia si la vuelve a incluir en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal, anunciaron ayer autoridades panameñas.

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"En Panamá existe una ley que establece medidas de retorsión contra países que incluyan a Panamá en listas grises" de blanqueo de capitales, dijo en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

En el caso de Francia "evidentemente el gobierno nacional tiene que analizar la situación y tendrá que tomar una serie de medidas", añadió Alemán.

El vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, manifestó que el gobierno panameño citará hoy al embajador francés para que explique qué medidas tomará París contra al país centroamericano.

A su vez, la canciller panameña Isabel De Saint Malo conversará del tema con su par, Jean-Marc Ayrault.

Las medidas de retaliación incluyen dificultades e impedimentos para invertir en Panamá o para que empresas postulen contratos o adjudicaciones públicas.

"Nos sorprende que países como Francia hayan tomado la decisión de meternos en una lista producto de estas publicaciones cuando ya hemos estado compartiendo con Francia en materia económica y comercial y hemos estado incluso intercambiando información", dijo Hincapié.

Qué son las "Offshore"

El escándalo de los “Panamá Papers” puso el foco de la atención mediática en las empresas "offshore", una herramienta que podría ser usada para la evasión fiscal. ¿Pero cómo funcionan exactamente estas sociedades? ¿Para qué sirven? ¿Son todas actividades ilegales?

El término inglés "offshore" designa a las sociedades registradas en el extranjero, en un país donde el propietario de la compañía no es residente.

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Pero a diferencia de las filiales internacionales de las empresas, estas sociedades no tienen ninguna actividad económica en los países donde están domiciliados.

Crear una sociedad "offshore" puede ser "muy simple o muy complicado", explicó a la AFP Eric Vernier, investigador de Relaciones Internacionales (IRIS) y autor del libro "Fraude fiscal y paraísos fiscales". Esto puede hacerse utilizando gabinetes especializados, algunos de ellos de renombre internacional, pero también por internet, con un par de operaciones, invirtiendo unos pocos euros.

¿Es ilegal?

"No está necesariamente prohibido tener una sociedad 'offshore' o una cuenta en el extranjero, lo importante es saber qué actividad real hay detrás de estas cuentas y cuál es el origen de estos flujos financieros", declaró el lunes reciente el secretario de Presupuesto francés, Christian Eckert.

Esto es lo que sostienen muchas personas citadas en los "Panama Papers", ya que todo el mundo tiene derecho a crear una sociedad "offshore", mientras los beneficios sean declarados.

- Si uno permanece en la legalidad, ¿para qué crear este tipo de sociedades?

"La primera idea es hacer optimización fiscal", que no debe confundirse con el fraude fiscal, declaró Vernier.

El objetivo es "hacer que los beneficiarios declaren en un lugar donde hay pocos impuestos", lo que permite a las empresas aumentar su rentabilidad, explicó el experto.

En los hechos, estas sociedades son fundadas generalmente en Estados donde la fiscalidad es especialmente ventajosa, que son conocidos como "Paraísos fiscales", como las Bahamas, las Islas Vírgenes, Panamá, pero también en Estados Unidos, donde el estado de Delaware ofrece condiciones ventajosas.

"Esto también puede facilitar algunas transacciones que no son necesariamente ilegales", pero que necesitan una cierta discreción, que queda garantizada en los paraísos fiscales", indicó Vernier.

Las empresas que crean sociedades "offshore" pueden hacerlo "para beneficiarse de una reglamentación que les permite hacer en el extranjero lo que no pueden hacer en casa", explicó por su parte Michel Taly, experto fiscal del Instituto de Empresas.

- ¿Por qué las sociedades "offshore" están señaladas?

Muy a menudo, "se abren sociedades 'offshore' en las jurisdicciones con legislaciones especiales para abrir una cuenta bancaria y no aparecer directamente, para tener activos disimulando su identidad", explicó a la AFP Gaëlle Menu-Lejeune, abogada especializada en derecho fiscal de la firma Fidal.

"Es ilegal en la medida en que la constitución de estas sociedades tenga como objetivo ocultar el beneficiario", agregó.

En la mayoría de los casos, las sociedades "offshore" están implantadas en territorios donde hay opacidad bancaria. Sin embargo, muchas veces recurren a testaferros, que permiten borrar las pistas sobre los verdaderos propietarios de estas estructuras.

Esta opacidad es ideal para alguien que quiera realizar blanqueado de activos procedente de actividades criminales, como el tráfico de droga, que suman "billones de dólares cada año", dijo Vernier.

  • El Nuevo Diario consultó en Managua al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, a la fiscal general Ana Julia Guido y al presidente de la Asociación de Bancos Privados nicaragüenses (Asobanp), Juan Carlos Argüello, sobre el caso “Panamá papers”, pero ninguno quiso brindar declaraciones, indicando que necesitan más información antes de emitir una opinión al respecto.

 

 

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