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Claudia Álvarez-Troncoso, de origen panameño, será una de las expositoras del Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos (Cirpla), que se llevará a cabo en Nicaragua este 28 y 29 de abril.
Álvarez-Troncoso brindó una entrevista a El Nuevo Diario, vía correo electrónico, sobre el tema de los Papeles de Panamá, el cual estará abordando en ese congreso.

¿Cómo cambian los controles después de los Papeles de Panamá?

A raíz del caso Panama Papers, la banca mundial está revisando su base de clientes para verificar cualquier coincidencia con nombres mencionados.

Está en implementación de un reajuste al proceso de debida diligencia ampliada o reforzada para conocer sobre todo el origen de los fondos de clientes, personas físicas y jurídicas que remitan y/o reciban fondos vía transferencias y poder determinar, de forma razonable, que dichos fondos no tengan vinculación con actos de corrupción, evasión fiscal o crimen organizado.

A nivel mundial se ha venido discutiendo sobre transparencia de información de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades, que la información se encuentre localizada de forma centralizada en un registro, como el registro comercial o mercantil.

La Cuarta Directiva Europea hace énfasis en esto y llamó a los países que son miembros de la Unión Europea a ubicar en un registro central los nombres de los propietarios efectivos de las entidades jurídicas, así como de los fideicomisos, siendo accesibles por autoridades y las “entidades obligadas” como los bancos para poder aplicar las medidas de debida diligencia respecto a los clientes.

Igual debería ser acogida por Estados Unidos, sobre todo para jurisdicciones como Delaware, Nevada y Wyoming, para que así todos seamos transparentes con la información.

Es importante notar que Panamá tiene un registro público de sociedades que desde sus inicios es accesible y gratis a todos los que deseen obtener información, ya sea accediendo a la página del registro público o visitando su oficina.

Después de la filtración de los Papeles de Panamá quedan al descubierto prácticas poco transparentes. ¿Es posible que se reduzcan las offshore? ¿Qué pasará con ellas?

Es importante considerar que no todas las personas que aparecen en los documentos filtrados necesariamente han cometido irregularidades al momento, aunque sí existen algunas personas con situaciones judiciales o en listas restringidas internacionales.

Las autoridades de cada país deberán realizar una investigación, si así lo consideran, para determinar qué sociedades fueron constituidas para cometer fraude, actos de corrupción o evasión fiscal.

Lo que sí ha implicado todo esto es un daño de reputación y de imagen para todos los mencionados, y sobre todo para Panamá.

Panamá no es un paraíso fiscal. Es un país con un régimen fiscal atractivo donde se pagan impuestos.

Es bueno aclarar que desde el 2011 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) no considera a Panamá paraíso fiscal. Asimismo, muchos países reconocen a Panamá como una jurisdicción que colabora con el intercambio de información y que tiene un régimen fiscal favorable, pero no ausencia de tributación.

Con Estados Unidos, Panamá está comprometida mediante la legislación Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) y aparece en el listado del IRS (Internal Revenue Services) como jurisdicción con Acuerdo en Sustancia para firmar bajo el Modelo 1, que implica el intercambio de información de Estado a Estado de los cuentahabientes denominados US Persons.

El GAFI (Grupo de Acción Financiera) sacó a Panamá de su Lista Gris el 17 de febrero de 2016, por considerar que había cumplido con todos los requerimientos necesarios tanto por la evaluación técnica como de efectividad, luego de haber realizado una reforma profunda a sus normativas y estructuras para mejorar, prevenir y supervisar, basado en enfoque de riesgo del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a las armas de destrucción masiva.
 
¿Mossack Fonseca no es la única firma que crea offshore? ¿Hay más?

Por supuesto, no es la única firma dedicada a ello. Es más, no solo se dedica a este negocio sino también a aspectos fiduciarios, inversiones, tecnología, temas legales, etcétera.  

Esta firma es una de las muchas que existen en Panamá.  Ahora bien, es importante señalar que solo nos estamos refiriendo a una región del planeta, cuando en realidad muchos países ofrecen ventajas de este tipo, incluyendo Estados Unidos con regiones, como Nevada, en las cuales es muy probable posiblemente encontrar más firmas dedicadas a este tipo de negocio que en Panamá.

Mossack Fonseca es una oficina de abogados dentro del abanico de ofertas de firmas legales que tiene Panamá. Igualmente, en los documentos filtrados se mencionan otras jurisdicciones. En Panamá, los abogados son parte de los sujetos obligados del sector no financiero y están supervisados en materia de prevención de lavado de dinero por la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos Obligados No Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Los agentes residentes y abogados deben cumplir tanto con la ley número dos del 2011 en lo que respecta a Conocer al Cliente, así como con la Ley 23 sobre prevención del Blanqueo de Capitales y su Reglamento número 363 para realizar la debida diligencia al cliente y beneficiario final, así como realizar reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero en caso que lo amerite.
 
¿Cuánto dinero se mueve a través de estas empresas?

No es un tema de cuánto dinero se mueve, sino más bien de eficiencia impositiva al tomar ventaja de estructuras jurídicas y fiscales para pagar la menor cantidad de impuestos.

Es importante aclarar que buscar mecanismos para pagar menos impuestos no es delito.

Hay una gran diferencia entre la evasión fiscal (tax evasion), la elusión fiscal (tax avoidance) y la economía de opción.

La primera es delito porque habiendo nacido la obligación de pagar el tributo, el sujeto crea subterfugios legales para esconder o disimular esa obligación. Las otras dos son legítimas y se trata de formas legales.

Según Bloomberg, tomando como base los datos de la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, el año pasado (2015) las compañías estadounidenses que buscaron eludir altos impuestos corporativos mantenían US$154.5 billones en el extranjero y el total a nivel mundial rondaría a más de US$2 trillones.
 
¿Los nuevos controles podrían convertirse en un obstáculo para la actividad financiera?

Panamá no es un reservorio de sociedades fantasmas. Hoy en día no es posible tener sociedades panameñas con acciones al portador (donde no se sabe quién es el propietario) sino que las mismas deben ser nominativas. Además, en los bancos panameños es obligatorio revelar quién es el último beneficiario, mediante declaración jurada, de modo que tampoco es posible colocar capas para esconder el verdadero propietario, pues siempre deberá informarse quién es el beneficiario final.

Si bien se dice que los offshore son legales, ¿en qué consiste la ilegalidad?

Como ya mencioné anteriormente, cualquier persona puede tener una compañía offshore y las razones para tenerlas son variadas. Lo que sí es delito, es ser un funcionario público corrupto, un narcotraficante, un terrorista, un legitimador de capitales, un secuestrador o un estafador y esconder el producto del delito en una cuenta bancaria propiedad de una sociedad, sea una sociedad panameña, alemana, francesa, norteamericana o de cualquier país.
 
¿Qué tipos de controles hay para no caer en la ilegalidad?

Los intereses o la consecución de metas monetarias se contraponen con la cultura de cumplimiento, lo cual hace que los mismos responsables de cumplir con los controles no lo hagan.

Es oportuno que la cultura de cumplimiento sea parte íntegra de la medición de riesgos al momento de tomar decisiones de negocios, no solo en los bancos sino también en las compañías y entidades de los demás sectores económicos de un país. Esto es un compromiso que debe asumir la sociedad como un todo, cumpliendo cada cual su rol. Y aquí están muy claros en la Unodc, en su oficina de Colombia, con su programa de Negocios Responsables y Seguros (http://negociosresponsablesyseguros.org/).

¿A nivel de la región, consideran que se está trabajando para crear los mecanismos adecuados para la lucha contra el lavado de activos?

Es importante que la comunidad antilavado conozca bien y se actualice respecto a las normativas sobre privacidad de la información, asimismo que sepa cómo funciona el crimen cibernético. La comunidad antilavado debe trabajar de la mano con las áreas responsables de estos temas para salvaguardar los datos de los clientes y de la entidad, y combatir un crimen organizado que evoluciona en los tiempos de forma acelerada.

Hoy en día la información es poder y los hackeos de los últimos años a entes gubernamentales, empresas privadas y bancos así lo demuestran.
 
¿Cuáles son las expectativas que tienen del II Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos en Nicaragua?

Básicamente las expectativas de la organización son buscar transferir conocimiento a la sociedad, con expositores de renombre internacional, a través de los cuales se busca sensibilizar a los sujetos obligados a informar, así como transmitir la información reciente de expertos que día a día viven la lucha contra el delito desde diferentes perspectivas. Lograr la armonización de conceptos diversos y participantes de otros países no hace más que demostrar que la lucha es integral y que toda la región es vulnerable a este flagelo que destruye sociedades y economías emergentes.

Nicaragua es un país en crecimiento, con expectativas de inversión diversas, con profesionales que creen en el desarrollo de las potencialidades de la industria y como tal deben estar preparados para prevenir la inclusión de los capitales ilícitos en sus entidades.

¿Quién es?

Claudia Álvarez-Troncoso

De origen panameño, Claudia Álvarez-Troncoso se desempeña como vicepresidenta de Cumplimiento de Banca Internacional de All Financial Group, supervisando cuatro bancos en iguales jurisdicciones: Bancamérica, Allbank Corp., BOI Bank Corporation y Banco del Orinoco NV.

Es licenciada en derecho, graduada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con experiencia internacional enfocada en procesos de auditorías legales, transacciones y rendición de opiniones expertas; especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio. Tiene una maestría en derecho empresarial y legislación económica (MDE) y diplomados en derecho bancario y en derecho de los mercados financieros. Está certificada como especialista en Anti-Lavado de Activos (ACAMS) y (FIBA).

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