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Juan Ignacio Martínez, presidente de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros (CNT), explicó que continúan estudiando la norma que regula la venta de puros premium en los Estados Unidos y los potenciales impactos para Nicaragua y resto de países productores.

Martínez dijo que la regulación norteamericana contempla elementos que tienen el potencial de elevar los costos de las tabacaleras, entre ellos ejemplificó, el pago de cuotas y costes de registros o por marcas comercializadas.

“Aun la agencia no ha aclarado cuánto podrían representar esos costes, por tanto no estamos en capacidad de determinar su impacto. Estaremos abogando en contra de todas aquellas medidas que impongan costos demasiado elevados que atenten contra nuestra capacidad de continuar haciendo negocios, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría de nuestros miembros”, agregó.

"Estaremos abogando en contra de todas aquellas medidas que impongan costos demasiado elevados que atenten contra nuestra capacidad de continuar haciendo negocios." Juan Ignacio Martínez, presidente de la CNT.


La Ley de Control de Tabaco y Prevención Familiar del Hábito de Fumar de Estados Unidos, una norma de más de 500 páginas, fue aprobada por el Congreso de ese país en junio de 2009 y la FDA (Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) la hizo pública en abril de 2014.

En el proceso de consultas de esa ley se propusieron dos acciones para definir qué productos cubrirían, una que incluía a todos los productos derivados del tabaco y otra que excluía de la misma a los puros premium, “pero la FDA acató la primera acción para la regulación final”, explicó esta semana el consejero económico de la embajada, William Muntean.

Al respecto, el presidente de la CNT señala que la regulación no hace distinción entre tipos de productos, “y nos incluye en un paquete general y por tanto generaliza las restricciones así como generaliza los impactos, algo que en nuestra opinión no es correcto”.

Amenaza insignificante

“Los puros premium hechos a mano representan un sub-segmento minúsculo del mercado total de tabaco en Estados Unidos. De acuerdo con la misma regulación, nuestros productos representan el 0.095% del total de unidades vendidas (cigarrillos, puros, puros premium) en ese país. Realmente nuestra participación, y por tanto nuestra amenaza, en el mercado es casi insignificante”, argumentó Martínez.

Por su lado, el consejero económico Muntean dijo que en agosto de 2014, en una reunión sobre el DR-Cafta, también se abordó el tema de los puros, e insistió en que la decisión fue tomada con base en evidencias científicas.

Martínez refutó que los datos a que se refiere Muntean son afectaciones de la totalidad de la industria del tabaco y no afectaciones provocadas por los puros premium hechos totalmente a mano con hojas de tabaco natural.

“Nuestros puros premium hechos a mano solo son 300 millones al año, es decir el 2% de la categoría de “Cigars (y 0.01% de la totalidad de tabaco)”. Por tanto, una investigación que se refiera a “Cigars” y no distinga el subsegmento de los premium hechos a mano, nos da una imagen incompleta e incorrecta de la realidad”, añadió el empresario nicaragüense.

Aclaró que los tabacaleros no cuestionan las investigaciones que utiliza la agencia norteamericana, pero afirman que “existe una falta de evidencia sustantiva que se refiera al comportamiento de los consumidores específicamente de nuestros productos”.

El impacto

El asesor económico de la Presidencia de Nicaragua, Bayardo Arce, manifestó la semana pasada que hace más de un año se le advirtió a Estados Unidos que es un “error” brindar el mismo tratamiento a los puros premium que a los cigarrillos en esa norma.

La agroindustria tabacalera de Nicaragua generó el año pasado US$185 millones en exportación. El 75% tuvo como principal destino el mercado estadounidense. En el país existen 51 empresas fabricantes de puros y 77 pequeñas y medianas empresas que proveen bienes y servicios a la industria, la cual genera 35,000 empleos directos, principalmente en Estelí.

Juan Ignacio Martínez considera que toda regulación que distorsiona la marcha normal de los negocios tiende a tener afectaciones temporales. “Esta no será una excepción, aunque es muy temprano para decir cuál será el impacto temporal o permanente”, concluyó.

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