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La cúpula empresarial panameña pidió ayer a la Asamblea Nacional de su país apurar la discusión de las enmiendas a la recientemente vetada ley de Contratación Pública “sin banderías políticas ni intereses particulares”. 

En su tradicional pronunciamiento semanal, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) instó a los parlamentarios, que reiniciaron labores el pasado 1 de julio, a discutir la reforma a la ley “que, si bien fue ampliamente consultada, la coyuntura internacional presentó oportunidades de mejora que no pudieron ser incorporadas”. 

Veto parcial 

La Ley de Contratación Pública fue devuelta el pasado 17 de junio con un veto parcial por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, para que el Legislativo reconsidere aspectos como plazos en los contratos de urgencia o condiciones especiales para el sector salud.

El presidente no vetó, sin embargo, el punto del proyecto de reforma de ley que había sido más criticado por la sociedad civil: el que se permita participar en procesos de contratación a empresas condenadas por corrupción en el extranjero.

Algunos de los aspectos por los que pidió reconsideración estaban incluidos en el proyecto original que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó en la Asamblea Nacional (AN).

Por ejemplo, el presidente cree que no está justificado que la Caja del Seguro Social (CSS) quede excluida del alcance de la normativa, en el artículo 1ro. 

El proyecto fue aprobado el 29 de abril pasado por la AN durante la última sesión del período ordinario de sesiones correspondientes a la actual legislatura.

Por otro lado, la Cciap pide que se ayude al dinamismo de la economía local aprobando el “levantamiento de restricciones al transporte de carga terrestre entre Panamá y Centroamérica, así como las adecuaciones al Fondo de Promoción Turística, para lo que el gremio ha remitido sus consideraciones buscando ejecutar esta importante iniciativa para la industria sin chimeneas”.

Exige una discusión con transparencia para la aprobación del Presupuesto del Estado para 2017 que “dote de recursos al sistema de administración de justicia, entre otras instituciones relevantes”. 

Incentivos 

Piden, además, “crear incentivos fiscales para quienes invierten en educación particular, como un eslabón hacia la solución de este tema prioritario, y la reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social” porque esos asuntos “encabezan las necesidades sociales”.  “Tenemos altas expectativas frente a los retos que plantea el inicio de este tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, de manera que se atiendan, en consenso, importantes temas legislativos que impulsen los sectores económicos y atiendan las deficiencias sociales e institucionales”, apuntan.  

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