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Inversiones por más de US$150 millones en turismo podrían retrasarse debido a la ubicación inadecuada de negocios en algunas costas del municipio de San Juan del Sur, una violación a la Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras y la conservación del medio ambiente, dijeron empresarios locales al denunciar que “los invasores” han levantado casetas o champas permanentes con permisos temporales.

Las playas de este municipio más afectadas con el establecimiento de bares, restaurantes u hostales son Eskameca, El Yankee, Maderas y El Remanso.

“Estamos deteniendo el turismo, la inversión y la entrada de proyectos que cuentan con recursos financieros para elevar la imagen país, de este lugar. Se han detenido 10 proyectos en la zona de San Juan del Sur, que serán los próximos dos años, de eliminarse las casetas; representan inversiones de por lo menos 150 millones de dólares. Las casetas destruyen el desarrollo”, afirmó Héctor Sánchez Herdocia, director de una empresa de desarrollo turístico inmobiliario de San Juan del Sur.

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Hace seis meses, en playa Eskameca instalaron un bar-restaurante a 10 metros de la marca que dejó la marea alta más reciente, y alrededor se ven materiales de construcción que según un trabajador del establecimiento, serán utilizados en la ampliación del rancho.

“Nosotros estamos instalados con permiso provisional que nos otorgó la Alcaldía de San Juan del Sur, todo está en regla”, dice el hombre, quien prefirió no identificarse. Al instante llamó al propietario del negocio, quien tampoco quiso brindar su nombre y solo insistió en que su establecimiento cuenta con la autorización debida de la municipalidad.

“Si ve, aquí todo está en regla, tenemos el permiso del Minsa (Ministerio de Salud), Alcaldía y Policía, nada está ilegal en mi negocio”, dijo el dueño.

Le preguntamos si sabe que su establecimiento está en una zona de uso público, según la ley.

“Tengo los permisos. Si fuera como dice, no estuviera aquí, todo está en orden”, respondió.

Según la Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras, en su artículo 19, “la zona costera marítima de uso público es el área descubierta entre la bajamar y la pleamar, más 50 metros de la marca de marea máxima promedio hacia tierra firme. En esta zona se respetarán los derechos legalmente adquiridos, así como las constancias de uso de suelo y las autorizaciones de impacto ambiental, concedidas antes de la entrada en vigencia de la ley”.

Deportes y turismo de sol y playa

La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Lucy Valenti, considera que la mala ubicación de negocios en las playas afecta el desarrollo de proyectos importantes, al crear incertidumbre entre los empresarios interesados en invertir en la costa del Pacífico de Nicaragua.

“La instalación de negocios está prohibida y está afectando a los dueños de propiedades que están detrás de los 50 metros. Los casos han sido planteados en distintas instancias legales, pero no se ha podido resolver y cada día se mete más gente. Esto crea inseguridad en los dueños de las propiedades que están detrás de los 50 metros, que se suponían tenían la playa de frente, ahora lo que tiene es un montón de champas”, lamentó Valenti.

La ley también establece que el uso de este perímetro es exclusivo para el desarrollo del turismo de sol y playa y la práctica de deportes recreativos a través de instalaciones deportivas descubiertas y desmontables. A la vez prohíbe las edificaciones destinadas a residencia o habitación, la construcción de vías de transporte, la instalación de tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y la instalación permanente de publicidad.

El Nuevo Diario solicitó una entrevista con la alcaldesa del municipio, Katia Espinoza, pero no hubo respuesta.

Héctor Sánchez explica que la ley permite a las alcaldías otorgar permisos veraniegos o permisos temporales: “Si estás en Semana Santa y querés poner un negocio provisional y con estructuras desmontables, tal como dice la ley. Por ejemplo, en septiembre o Navidad, como poblador, podés solicitarle el permiso para la construcción de estructuras desmontables para un negocio en específico, por un mes, pero no existe ningún permiso que pueda otorgar la Alcaldía que se valide de forma permanente”. 

El artículo 14 de la misma ley refiere que los gobiernos municipales, en su calidad de administradores tienen la competencia de autorizar o prohibir la construcción de obras de ingeniería permanentes en zonas costeras de uso público.

Luis Augusto Tobal, de 37 años, se vale de este apartado para aclarar que el rancho de bambú y paja que termina de construir en playa El Yankee está legal. “Nuestro rancho está en la parte pública, no invadimos a nadie”, expresa.

¿Por cuánto tiempo tendrá este negocio de surf y bar?

“Permanente”.

¿Con un permiso temporal?

“Para este negocio nos otorgaron un permiso que se renovará mensualmente, además es un establecimiento de un grupo de chavalos emprendedores que con esfuerzo construyeron este rancho para vender comidas y alquilar tablas de surf. Nosotros, como le mencioné, no estamos violentando nada, estamos en la parte de uso público”, comenta Tobal, y admite que cuando suba la marea esta va a llegar hasta las instalaciones de su establecimiento.

Delitos ambientales

Los empresarios piden un ordenamiento en las costas que además de garantizar respeto a la propiedad privada, ayude a la conservación del medio ambiente. “Los negocios de playa Maderas y El Remanso, por ejemplo vierten sus aguas negras al mar, sin ningún tipo de tratamiento; eso va en contra de la Ley de Costas”, señala José León Talavera, directivo de Canatur y representante de Villas Maderas, en San Juan del Sur.

“La Ley de Costas se hizo para proteger el medioambiente, no existe un grado de permeabilidad en el suelo cuando estás cerca de la costa y se vierten los desechos, orinas, aguas negras. ¿Qué ocurre? Originalmente construyen bajo los términos originales (provisional), pero ahí nomás empiezan a construir cosas permanentes y después empiezan a tirar los desechos al mar, entonces contaminan el medioambiente; aparte, dentro de las casetas hay delitos ambientales serios, matan tortugas, cazan los huevos y otras cosas”, asegura Héctor Sánchez.

Aclara que la Presidencia de la República ha impulsado una política de inversión, y muestra de ello es el progreso que se ve en la zona de San Juan del Sur. “Lo que ocurre es que hay funcionarios que se tiran las trancas y no toda la información le llega al Gobierno de Nicaragua”.

Talavera insiste en que “no podés pedirle a un inversionista que venga a construir un hotel cinco estrellas, o pedirle a un desarrollo que invierta varios millones de dólares cuando lo que tenés son casetas que se están cayendo, que no gozan de concesión fitosanitaria, que su condición es terrible, que no tienen cultura de servicio, que no se rigen bajo ningún reglamento y que además están en contra de la ley”.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) informó que busca una solución al problema de la invasión de costas, haciendo gestiones ante el Gobierno central, para propiciar que la inversión turística fluya sin obstáculos.

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