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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) para construcción y mantenimiento de infraestructura ya no son de utilización exclusiva de las grandes economías; ni solo para sectores tradicionales, como autopistas y puertos. 

Las pequeñas economías de la región y los gobiernos subnacionales se están dando cuenta del potencial de la participación del sector privado en proyectos de infraestructura.

Leyes y políticas

El informe Infrascopio 2014 revela que en América Latina y el Caribe, los países pequeños como El Salvador, Honduras, Uruguay  y Paraguay, han adoptado en los últimos años nuevas leyes que fomentan el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas.

En otros lugares, como Jamaica y Trinidad y Tobago, se han implementado nuevas políticas y capacidad para gestionar APP.

A nivel subnacional, se han aprobado 66 proyectos en Brasil en sectores como educación, salud, hasta defensa e incluyen proyectos tan diversos como estadios, tratamiento de residuos sólidos y alumbrado público. Un 85% de todos los proyectos lo hacen. 

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En México, con 20 proyectos, las cifras son cercanas al número de proyectos aprobados a nivel nacional. Las APP han sido utilizadas a nivel subnacional para hospitales, alumbrado público y energía eólica, entre otros.

En aumento

La tendencia a la innovación en las APP está en aumento: hay proyectos de movilidad “inteligente” para distintas opciones de transporte, como la bicicleta, el coche compartido y los autobuses de tránsito rápido. 

Por ejemplo, la ciudad de Sorocaba, en el estado de São Paulo (Brasil) está lanzando una concesión de 20 años, por US$208 millones para construir y operar un sistema de autobuses de tránsito rápido. 

Se espera que el sistema, que será financiado en parte por el gobierno nacional, sea utilizado por entre 150,000 y 180,000 pasajeros y acorte los tiempos de viaje en un 20%, en promedio, mediante el uso de los derechos de vía exclusivamente dedicados a  autobuses y con pagos realizados antes de subirse al vehículo para evitar retrasos.

Bonos 

Además, la metodología detrás de las APP se está extendiendo hacia el pago de programas pioneros conocidos como “bonos de impacto social”, en los que el gobierno paga para el éxito en la prestación de servicios sociales. 

Este innovador mecanismo de financiamiento, desarrollado por primera vez en el Reino Unido, permite a los inversionistas de impacto –excluyendo gobiernos o agencias de ayuda–  proporcionar el capital de trabajo para las empresas sociales que atienden a poblaciones pobres y vulnerables. 

Los inversionistas reciben pago cuando hay mejoras verificables en los resultados en materia social, lo cual queda estipulado a través de un contrato con el gobierno basado en resultados.

Los bonos de impacto social y las APP tienen varios elementos en común. 

En ambos modelos, las inversiones se pagan en función del rendimiento. Ambos modelos se basan en la innovación y en un análisis en profundidad del sector y los riesgos asociados, aportando, de esta manera, cierto valor al gobierno, más allá de lo que obtendría en un proyecto “tradicional” del sector público.

La región de América Latina y el Caribe cuenta con ciudades que están creciendo rápidamente y mejorando el nivel de vida y la gente está exigiendo mejores servicios. La nueva generación de APP ofrece una solución real para ayudar a satisfacer esta demanda.


* El autor del artículo es jefe interino de la Unidad de Ciudades Inclusivas del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 

Esta columna fue originalmente publicada en el blog Negocios Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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