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Con 83 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la mañana de este miércoles la Ley de Asociación de Inversión Público Privada, la cual habilita a los sectores privado y estatal a trabajar en conjunto en los mismos proyectos.

Con la ley se espera incrementar la inversión en proyectos de infraestructura.

El proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Nacional por la Presidencia de la República el pasado 23 de septiembre, con trámite de urgencia.

La ley establece que todos los proyectos de infraestructura que se planteen sobre su base legal, deben ser presentados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la Presidencia de la República, y ser aprobados por la Asamblea Nacional.

El diputado sandinista José Figueroa, miembro de la Comisión de Economía y Presupuesto, señaló: "Los inversionistas podrán recuperar su inversión ya sea mediante tarifas por los servicios prestados, por pagos amortizables que haga el Estado y también,  por ejemplo, en algunos proyectos, sobre todo de carácter social, puede existir por parte del Estado algunos pagos especiales tipo subsidios". 

La ley plantea que se pretende mejorar las condiciones económicas y sociales de Nicaragua mediante la “adquisición de infraestructura y prestación de servicios públicos con recursos financieros y capacidades técnicas provenientes del sector privado”.

La ley señala, en su exposición de motivos, que el objetivo es “regular la participación del sector público con el sector privado en la formulación, contratación, financiamiento, ejecución, operación y extinción de proyectos de Asociación Público Privada”.

Indica además que se podrá ejecutar el modelo de asociación público privada en cualquier área de gobierno que requiera el desarrollo de infraestructura o la prestación de un servicio público.

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Rodrigo Pereira, ha dicho que esta ley será clave para desarrollar la infraestructura en Nicaragua.

“La ley es simple, se va a hacer una comisión con un Director y la reglamentación y el Gobierno puede presentar proyectos y de igual forma el sector privado. Por ejemplo, si quiero hacer una carretera paralela a la carretera a Masaya con peaje, entonces vas a hacer tu estudio, la carretera es privada, pero el Gobierno tiene que hacerse el reglamento, normativa”, ejemplificó en mayo pasado Pereira.

Por su parte, el asesor presidencial en asuntos económicos, Bayardo Arce, ha dicho que el desarrollo de la infraestructura en Nicaragua representaba una “presión” para aprobar esta ley.

“Este crecimiento (económico) ya nos crea unas presiones enormes… hay una presión sobre los puertos, aeropuertos y carreteras”, explicó Arce a inicios de septiembre pasado.

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