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La Ley de Asociaciones Público-Privada, que fue publicada ayer en el diario oficial La Gaceta, era algo que Nicaragua necesitaba para seguir haciendo inversiones en la infraestructura que necesita el país, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Aguerri dijo que el país ha tenido avances en los últimos años, como producto de las inversiones que se han hecho. Por ejemplo, dijo, en los últimos 10 años las exportaciones se han incrementado prácticamente de US$1,000 millones a US$5,000 millones. Pero el país necesita seguir desarrollando infraestructura y nuevos servicios, para seguir compitiendo en la atracción de inversión nacional y extranjera.

Como parte de esa necesidad surgió la Ley de Asociación Público-Privada, explicó Aguerri, la que subrayó que tiene varios beneficios.

“Primero, que no sea el Gobierno el que designara a quién otorgarle la concesión (de un proyecto) que el propio Gobierno estableciera que se necesitaba”, explicó el representante del sector empresarial nicaragüense.

Agregó: “Lo que estamos logrando con esta ley es que vamos a trabajar en priorizar cuáles son esos proyectos público-privados, que necesita el país de común acuerdo entre el sector público y el sector privado, y ya no va a ser únicamente el Gobierno el que designe a qué empresa se le da el proyecto, sino que se abre a un proceso público desde su inicio hasta el final”.

Detalló que el proceso empezará con un concurso público para la presentación del proyecto, se someterán a un proceso de licitación pública y se formalizará en un contrato público. “Esto es un enorme paso adelante en relación a la participación de procesos de licitación abiertos, transparentes y públicos con control de la auditoría social”, enfatizó Aguerri.

RECURSOS

Por otra parte, Aguerri dijo que, ante la falta de suficientes recursos en el Presupuesto de la República para desarrollar más obras de infraestructura, la ley permite que las empresas que participen en el proceso antes descrito sean las que pongan los recursos para desarrollar los proyectos necesarios para el país.

“Después que el proyecto esté terminado, dependiendo de qué tipo de contrato se negocie para cada caso, se verá si se paga del Presupuesto de la República, en abonos o como se determine, o si se hará como parte del pago de un peaje por parte de los ciudadanos que sean beneficiados con el proyecto”, explicó el presidente del Cosep.

La Ley de Asociación Público-Privada de Nicaragua se trabajó con base en 12 leyes de ese tipo que existen en el mundo, enfatizó ayer José Adán Aguerri.

“Ahora el desafío está en que si ya tenemos esta ley tenemos que buscar cómo crear las condiciones a futuro para ver cómo llegan realmente estos proyectos hacia el país”, expresó Aguerri.

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