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La Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua (REN) inició esta semana un proceso de análisis sobre la Ley de Garantías Mobiliarias, publicada en La Gaceta, diario oficial, el 25 de octubre pasado, con el objetivo de identificar los vacíos o debilidades que pudieran afectar su efectividad una vez que entre en vigencia, el 25 de octubre de 2017.

La REN es una plataforma organizativa de mujeres que buscan fortalecer el  crecimiento, la gestión y la dinámica empresarial de las nicaragüenses, su liderazgo personal y colectivo, e incidir  políticamente para incorporar las demandas de las empresarias en la agenda nacional.

Blanca Callejas, presidenta de la organización, explicó que la REN mantiene en su agenda cuatro pilares fundamentales, uno de ellos es el acceso a créditos. “Nosotras estamos en permanente análisis de aquellas leyes que nos involucran, como la Ley de Garantías Recíprocas, el tema de las exoneraciones y la cuota fija porque creemos que en cuanto a este último tema, hay una inequidad en la aplicación de la misma”, manifestó Callejas.

Revisión

María Antonieta Fiallos, de Expertis Castillo & Fiallos, quien participó en el encuentro, inició diciendo que el instrumento es en sí positivo, aunque hay algunos aspectos que tendrían que revisarse. “Estoy contenta que se haya logrado aprobar. Como toda ley no es necesariamente perfecta, hasta que entre en práctica vamos a ver las debilidades que pueda tener. Ha sido un gran esfuerzo del sector privado, sobre todo del gremio empresarial de las Mipymes”.  

Uno de los aspectos que tendría que examinarse es la diferencia que se establece entre acreedores supervisados por entidades financieras y otros acreedores que no, puesto que supone privilegio para algunos. “La ley crea dos estatus de acreedores ¿Es bueno o es malo? Yo diría que es discutible”, apuntó Fiallos.

Otro punto interesante es el tema del registro, lo cual debe ser regulado por la Corte Suprema de Justicia. “Una de las preocupaciones planteadas es si se va poder tener la normativa del registro en el plazo de un año que la Ley está dando. Esperamos que el Poder Judicial, como ente regulador de los registros, se ponga las pilas para que la normativa y el registro pueda arrancar el 25 de octubre del año que viene”, enfatizó Fiallos.

Callejas, por su parte, señaló que preocupa, por ejemplo, la firma de la auténtica por parte de los abogados y algunos aspectos que consideran discrecionales. “El estudio nos va a ayudar a aclararnos para ver esos vacíos, proponer una reforma o alguna normativa porque nos preocupa que dejaron a discreción la normativa”, manifestó.

Las asistentes coincidieron que el fin de la ley es aumentar la oferta de crédito para  las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), muchas de las cuales están dirigidas por mujeres, aunque no precisaron cuántas de ellas podrían resultar beneficiadas.

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