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En las últimas semanas la discusión sobre la elusión y evasión fiscal se ha potenciado en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Cobró impulso el 26 de septiembre, cuando el candidato republicano, Donald Trump, dijo en el primer debate presidencial que no pagar impuestos federales sobre la renta lo convertía en una persona inteligente o “lista”. Pasó al primer plano el 1 de octubre, cuando The New York Times reveló que Trump había declarado una pérdida de US$916 millones en 1995, lo que le permitió no tener que pagar impuestos legalmente durante los 18 años siguientes. Estas declaraciones y evidencia podrían echar por tierra el consenso en cuanto al pago de impuestos, en un país donde las encuestas indican que al menos 90% de la ciudadanía lo considera un deber cívico.

El debate sobre si no pagar impuestos es de personas inteligentes o si puede constituir una amenaza para la sociedad no se limita a EE. UU. Tal como puso al descubierto el escándalo de los Panama Papers, muchos famosos y políticos latinoamericanos han escondido ingresos y activos en cuentas extraterritoriales. Además, según datos del informe del BID, Recaudar no basta, la evasión fiscal por parte de particulares y empresas podría alcanzar hasta 50% en  algunos países de la región como Argentina, República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

Sin embargo, las últimas revelaciones han reavivado preguntas de por qué la gente toma la decisión de pagar o de evadir sus responsabilidades tributarias, qué se puede hacer para que los contribuyentes morosos paguen lo que les corresponde y de qué manera la evasión fiscal puede producir un efecto de contagio. Ante una coyuntura económica desfavorable y presupuestos nacionales con poco margen de maniobra, estas preguntas han adquirido una gran urgencia y pueden tener repercusiones en todo, desde la desigualdad hasta la solvencia económica.

Una razón evidente por la cual la gente paga impuestos es para evitar las sanciones y multas que dicho comportamiento acarrea. Irónicamente, el mecanismo funciona no tanto porque los gobiernos sean muy eficientes detectando evasores sino porque la gente tiende a sobrestimar la probabilidad de que la descubran. Como demuestra el informe Recaudar no basta, en América Latina se audita apenas a un 0.3% de los contribuyentes, lo que convierte una posible sanción en algo extremadamente improbable.

La gente también paga por el cargo de conciencia. Para esas personas, como indica la encuesta en EE. UU., pagar impuestos es un deber ciudadano y el costo de formar parte de una comunidad. Desde este punto de vista, los impuestos contribuyen a la prestación de servicios fundamentales que el gobierno ofrece a todos, como defensa, seguridad y educación, así como los dirigidos a los menos afortunados, como atención médica, vivienda, seguro de desempleo, cupones para alimentos y subsidios.

Los motivos por los que la gente no paga presentan la imagen inversa. Esas personas piensan que el brazo de la ley no es lo suficientemente largo como para alcanzarlas si deciden no pagar. O piensan que el gobierno va a malgastar lo que ellos pagan en impuestos, dejando de prestar los servicios necesarios a la población en su conjunto o a los de menores ingresos. La percepción de injusticia también cumple una función: la idea de que sus compatriotas evitan pagar sus impuestos o no contribuyen en igual medida. Por ejemplo, según encuestas realizadas en municipios con bajos índices de cumplimiento de las obligaciones tributarias en Argentina, la mayoría de la gente piensa que los que pagan sus impuestos son una minoría y aproximadamente la mitad de los encuestados piensa que lo que reciben es menos de lo que pagan.

La responsabilidad fiscal es un castillo de naipes. Construirlo lleva tiempo y dedicación, pero es sumamente frágil. Un ciudadano “listo” que consiga no pagar impuestos y que además se jacte de ello ante el mundo entero amenaza con destruir el edificio entero.

*Economista principal en el Departamento de Investigación del BID. 

 

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