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Durante la realización del sexto Festival Internacional del Tabaco que tuvo como sede Estelí, pese al manifiesto entusiasmo del sector  en continuar creciendo en producción y expandiendo sus ventas, fue notorio que existe un nivel de incertidumbre sobre las restricciones que podría aplicar en el futuro la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Este año el festival fue celebrado también bajo nuevas circunstancias por la asunción al poder del presidente Donald Trump.

En medio de ese contexto, ciertos  empresarios que distribuyen  tabacos que son  producidos en Nicaragua manifestaron sus inquietudes, principalmente por las nuevas reglas que en ese campo podría imponer FDA y que  significarían restricciones para la comercialización y  que afectarían las exportaciones de puros hacia ese país.

Enrique Sánchez, un ciudadano norteamericano con ascendencia nicaragüense, posee una  empresa de distribución de puro denominada 1502 (el año del descubrimiento de Nicaragua por los españoles) que tiene su asiento en Miami y mantiene una demanda contra la FDA, según dijo, por las regulaciones que se trata de imponer a los puros.

Sánchez, desde junio de 2016, entabló  la demanda en Miami Dade Country, en la que alega violación a derechos básicos de los empresarios.

A decir de Sánchez, hay 6 puntos que están inconsistentes en la ley que regularía la importación del tabaco, y entre estos destacó que hay contradicción al establecer que a partir del próximo  8 de agosto no podrán  lanzar al mercado marcas nuevas sin autorización de la FDA.

También se pretende obligar a los empresarios a certificar las marcas establecidas en el mercado, desde febrero de 2007 hasta la actualidad.

Sánchez  recuerda que la ley no debe ser retroactiva, ya que debe regular su área a partir de su publicación, por lo que no debe obligar a certificar marcas ya establecidas.

La nueva normativa obliga a los fabricantes de puros a poner unas advertencias encima de las marcas que ya están registradas en Estados Unidos, lo cual violentaría la libertad de expresión que está garantizada por una enmienda constitucional de ese país, según Sánchez.

Recordó que la FDA no dio lugar a la demanda (por la vía administrativa), por lo que recurrió ante un juez (árbitro) y este dispuso que las partes debían mediar o llegar a acuerdo.

Eso el empresario lo calificó de  positivo, porque están reconociendo que hay derechos afectados por esas nuevas regulaciones. También adelantó que tienen la oportunidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

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