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Un año después de la revelación de los documentos del despacho Mossack Fonseca, Panamá se debate entre la satisfacción de haber mejorado su transparencia y la amarga convicción de que el escándalo sirvió para robarle un mercado que ahora busca recuperar bajo nuevas reglas.        

La presión externa llevó al país a ceder en un pulso de años con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que el negocio de las sociedades anónimas cayó en más de un treinta por ciento y los socios del polémico bufete quedaron en prisión preventiva, en ciudad de Panamá, por el caso “Lava Jato” de Brasil.

La canciller y vicepresidenta panameña, Isabel De Saint Malo, quien ha liderado la cruzada para renovar el marco legal y ajustarlo a los requerimientos de la OCDE, dijo a Efe que el país ahora “no tiene ningún tema pendiente con la agenda global de transparencia fiscal, y además estamos a la vanguardia”.       

 “A un año de los papeles de Panamá, no defendemos un manifiesto sino que en nuestras acciones ha quedado demostrado que la transparencia es nuestra prioridad, adoptando marcos legales, compromisos y mecanismos que nos han merecido el reconocimiento de organizaciones y líderes globales que impulsan esta agenda de cooperación internacional”, aseguró.        

TEMA GLOBAL

Para Saint Malo la publicación periodística a raíz de la masiva filtración al bufete Mossack Fonseca puso en evidencia un “tema global”, lo que para Panamá fue positivo porque permitió ver dónde estaban los vacíos y acelerar una hoja de ruta trazada hace casi tres años.        

En un primer momento el Gobierno intentó este camino con un comité de expertos liderado por el nobel de Economía Joseph Stiglitz, una estrategia que le costó aún más reputación, ya que el estadounidense y su compañero suizo Mark Pieth renunciaron meses después alegando falta de transparencia del lado oficial y poca voluntad para acometer los cambios que fueran necesarios.        

Más tarde, en octubre, el país se adhirió a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, que lo abrió al intercambio bilateral automático de información con más de 100 jurisdicciones.        

La ley de adhesión fue sancionada el pasado febrero por el presidente, Juan Carlos Varela, cuyo Gobierno la calificó de “un paso más en la estrategia de Panamá para la modernización y transformación de su plataforma financiera y de servicios internacionales”.        

Tras la revelación, el 3 de abril de 2016, en un centenar de medios afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Francia incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales y el mundo puso en tela de juicio la transparencia de su sistema legal y financiero.       

Pero las 214,000 empresas que aparecieron en 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas de Mossack Fonseca estaban o están en unos 200 países y territorios, y utilizaron bancos de 21 jurisdicciones fuera de Panamá.        
Hong Kong, Suiza y Gran Bretaña tenían 104,658 compañías, casi la mitad de todas las sociedades opacas encontradas presuntamente destinadas a la ocultación de fondos y al lavado de dinero.       

Durante el alud de críticas, el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Ricardo Zubieta, recordó que la ley de sociedades anónimas del país era una “copia” de la norma del estado de Delaware, que es uno de los de menor carga fiscal de Estados Unidos.        

Por esa apariencia de chivo expiatorio, en Panamá es popular la idea de que el robo a Mossack Fonseca fue un ardid para quitar mercado al país y obligarlo a plegarse a normas de transparencia que no cumplen los “papás” del mercado.       

Esta semana la defensa de la firma aseguró que el centro financiero de Miami se está aprovechando de que “estén matando la gallinita de los huevos de oro de Panamá”, mientras que la OCDE no exige los mismos estándares de transparencia a todos los países, ya que Estados Unidos y Reino Unido “hacen lo mismo que hace Panamá o más”, dijo el abogado Jorge Hernán Rubio.        

De 2015 a 2016 el registro de sociedades anónimas en el país cayó en poco más del 30%, aunque el Gobierno ha asegurado que ese negocio venía decayendo desde los años 1990 y otros indicadores han mejorado notablemente, como la inversión extranjera directa, que creció un 17.8% hasta el tercer trimestre del año pasado.        

Eso no significa que el país se quede de brazos cruzados. Recientemente el jefe del gabinete del MEF anunció a la prensa extranjera que Panamá prepara un plan para diversificar su plataforma financiera, lo que implica acabar con el paradigma de las “offshore” y recortar la ventaja que le ha sacado Miami.        

Esto, ofreciendo productos que tomen en cuenta los estándares internacionales de transparencia y prevención de blanqueo de capitales.        

Según datos oficiales, la intermediación financiera aumentó un 6.6% en 2016 por el buen desempeño de los servicios del Centro Bancario Internacional, que aporta el 10% del Producto Interno Bruto nacional. 

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