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El plenario de la Asamblea Nacional aprobó ayer con 89 votos un préstamo de US$65 millones otorgado al país por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar el Programa de Mejora de la Productividad en Nicaragua II.

El diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la junta directiva del Poder Legislativo, explicó que este desembolso es parte de la continuidad del apoyo financiera que el BID ofrece a Nicaragua para fortalecer la operatividad de las instituciones vinculadas directamente a respaldar la productividad en el país.

“En el año 2014 hubo un primer desembolso de 45 millones de dólares, que correspondió a la primera parte de este programa, ahora se trata de la continuidad de un importante proyecto que es respaldado por el cumplimiento que el Gobierno hace de todas las condiciones establecidas por el BID”, dijo Navarro.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, destacó que este programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la regulación financiera para mejorar el acceso al financiamiento de empresas y proyectos productivos. 

El préstamo también apunta a “fortalecer el marco institucional de apoyo al desarrollo productivo”, recalcó Gutiérrez.    

Para obtener este desembolso el Gobierno de Nicaragua ha tenido que cumplir 25 condiciones establecidas en el contrato de préstamo número 4010/BL-NI, suscrito con el BID el 27 de marzo y ratificado ayer con un “trámite de urgencia” por el plenario parlamentario.  

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El préstamo tuvo un apoyo completo de las bancadas establecidas en el Poder Legislativo. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a pesar de cuestionar el “trámite de urgencia” por considerar que no era necesario, votó a favor del préstamo. 

Para recibir este financiamiento el Gobierno debió desarrollar e implementar un Manual de Supervisión basado en riesgos por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) y del Consejo Nacional de Microfinanzas (Conami). En el país también se deben estar “aplicando los estándares contables internacionales armonizados regionalmente a las entidades bancarias”, entre otros aspectos establecidos en el contrato con el BID.

La aprobación aún reciente  de la Ley de Asociación Público-Privada y la “entrada en vigor” de la Ley de Garantías Mobiliarias contribuyó a que el BID otorgara este desembolso, porque eran requisitos que Nicaragua debía cumplir.    

Además, en el país debieron entrar en funcionamieto las Ventanillas Únicas de Inversión (VUI) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua (Vucen), que sirve para simplicar, coordinar, e informatizar los procesos del comercio exterior.  

También fue preciso que se “hayan efectuado las mejoras en la simplificación de procesos en materia de licencias y permisos medidos dentro del reporte del Doing Business en las áreas de registros de propiedad, apertura de una empresa, simplicación del pago de impuestos y comercio transfronterizo”, según lo establece el contrato con el BID.

Otra de las condiciones orientadas por el BID es que en el país se debe mantener “un sistema de segregación de producción bovina por parte del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) para mejorar la trazabilidad del ganado.

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