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Desde hace algunos meses se ha discutido un tema que para algunas empresas todavía resulta novedoso y un tanto confuso: el cumplimiento de la normativa sobre los precios de transferencia, cuyas reglas generales fueron incorporadas en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), publicada en diciembre del 2012.

Aunque la normativa sobre los precios de transferencia estaba prevista que entrara en vigencia el 1 de enero de 2016, se prorrogó por varios meses, por lo que la nueva fecha prevista para la entrada en vigor es el 30 de junio de 2017.

Con el fin de capacitar sobre todos los alcances de esta normativa, la firma Deloitte realizará el seminario  “Análisis Práctico de las Regulaciones de Precios de Transferencia en Nicaragua”, mañana, a partir de las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m., en el hotel Barceló Managua.

Algunos de los temas abordados en el seminario serán: Normas aplicables en Nicaragua, respecto de los precios de transferencia; descripción de la estructura y contenido; mejores prácticas para contribuyentes y administraciones tributarias respecto de precios de transferencia. Así como casos prácticos de aplicación de los métodos existentes para realizar el estudio sobre precios de transferencia, entre otros.

Respecto al tema, Alonso Erak, director de precios de transferencia de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana, explicó que las empresas deben tener listo un estudio de los precios de transferencia para cuando se realice la declaración del impuesto sobre la renta en marzo del 2018. 

Ya que los eventuales ajustes de precios de transferencia deben estar incorporados en dicha declaración. Asimismo, el estudio puede ser requerido por el Fisco y aquellos contribuyentes que no cuenten con dicha información, pueden enfrentar las sanciones por incumplir obligaciones tributarias contenidas en el Código Tributario, afirmó el especialista.

Erak manifestó que con la evaluación de los precios de transferencia, las compañías pueden determinar si los precios que han pactado entre partes vinculadas —entendiendo como partes vinculadas aquellas que poseen en común accionistas, administración u órgano de control, negocios conjuntos o bien relación de exclusividad— son de mercado, asimismo existen reglas claras en las discusiones con el fisco respecto de este tema. 

Y aclaró que para el fisco nicaragüense, esta evaluación permite determinar si existen o no perjuicios fiscales en la recaudación y en caso de existir, representaría una mejora de la misma. “Sin duda, el beneficio para las empresas será la tranquilidad de haber valorado sus transacciones conforme a normas y que minimice la probabilidad de ajustes o reparo fiscal” comentó Erak.

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