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El informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) precisa que en Nicaragua, entre los sectores regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), el bancario muestra una aplicación positiva de las medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

El documento indica que los incumplimientos normativos detectados en las inspecciones in situ, han evolucionado a la baja a través de los años. En 2015 la banca en general registró 263 incumplimientos, pero en el primer semestre de 2016 mostró avances al reducir esas incidencias a 74.

En lo referente a la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), señala que “no hay evidencia que demuestre un impacto positivo de las acciones de supervisión respecto de una mejora en el nivel de cumplimiento de los programas de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento al terrorismo” por parte de las Instituciones de Microfinanzas y las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas.END

Aunque, respecto a los procesos de fiscalización desarrollados por las autoridades, “se puede establecer que estos tienen un enfoque de verificación del cumplimiento formal de las obligaciones”, principalmente en el ámbito de las medidas de prevención.

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El documento fue aprobado por el pleno de representantes de Gafilat, reunido en julio pasado, tras ser revisado por la Red Global del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para asegurar la calidad y consistencia con los informes de evaluación mutua de la Cuarta Ronda.

Amenazas de lavado

Según la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), entre los medios que pueden ser utilizados para el lavado de activos identificaron la comercialización de oro, compra-venta de vehículos nuevos y usados, compra-venta de bienes raíces (incluida la construcción) y transferencias electrónicas de dinero.

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“Adicionalmente, sectores expuestos a la informalidad es una vulnerabilidad de importancia en el contexto nicaragüense en todos los niveles. En particular, preocupa la proliferación de actividades de remesas y cambistas por fuera del alcance del régimen ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/Contra el Financiamiento al Terrorismo)”, advierte.

Ese señalamiento se debe, según el Gafilat, a que los emisores de remesas son emigrantes procedentes de las zonas rurales donde existen bajos niveles de bancarización, y las remesas son el medio más utilizado para el envío de fondos.

“El uso intensivo y pocos controles pueden facilitar la integración del dinero ilícito en la economía de Nicaragua”, agrega el documento.

También destaca que, considerando la importancia de Nicaragua dentro de la región centroamericana, se han identificado como amenazas de lavado de activos en la región, el narcotráfico, la corrupción y el soborno, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, falsificación y piratería de productos y la participación en un grupo delictivo.

Según el Gafilat, las autoridades nicaragüenses han establecido que el terrorismo y el financiamiento al terrorismo siguen siendo amenazas exógenas de alcance global, y “se deben continuar implementando políticas de prevención y enfrentamiento, así como de apoyo a los esfuerzos internacionales en la materia”.

Otro planteamiento importante del organismo es que sectores de APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas), en especial abogados y notarios que no están dentro del sistema preventivo, es una debilidad relevante en el contexto de la posible creación de empresas y sociedades de fachada, al igual que el uso de testaferros, para la colocación, estratificación e incorporación de ganancias ilícitas.

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