Asomif: Más de 18 mil pequeños empresarios quedarán sin acceso a recursos
Cristhian Marenco END - 21:57 - 10/03/2010
Más 18 mil pequeños productores y comerciantes de Nicaragua están quedando fuera de la cobertura de las microfinancieras como consecuencia de la no recuperación de cartera del Movimiento No Pago.
Según Julio Flores, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, los aproximadamente 15 millones de dólares que representan los cinco mil miembros del Movimiento No Pago, significan que se está dejando de atender a un poco menos de 18 mil clientes, ya que desde hace meses no se está recuperando dicha cartera y no han podido redistribuirse en la red de créditos.
“Si hacemos los cálculos, con esos 15 millones de dólares entre el crédito promedio que concedemos que anda por los 850 dólares, tenemos casi 18 mil clientes que podrían ser atendidos si esa cartera se recupera, es decir que existen casi 18 mil productores y comerciantes que en estos momentos no están accediendo a créditos porque esta cartera no se está moviendo”, indicó Flores.
En relación con las posibilidades de recuperar esta cartera en caso de que la ley sea promulgada por el presidente Daniel Ortega, Flores expresó que no hay ninguna seguridad que los no pago empiecen a pagar y tampoco qué porción de esta cartera puede ser recuperada en el mediano plazo para volver a ser colocada entre los usuarios.
“Se supone que según la ley están obligados a reestructurar sus deudas, pero para nosotros es incierto porque aunque se han acercado en los últimos dos meses casi 600 personas para reestructurar sus compromisos, hay mucha gente que claramente dicen que con ley o sin ley no van a pagar”, manifestó Flores.
El representante de Asomif asegura que todavía no tienen conocimiento de la decisión del presidente Ortega sobre el futuro de la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora, conocida como Ley de Moratoria.
¿Hacia donde se inclinará la balanza?
“El ejecutivo está analizando la ley y la verdad es que no tenemos certeza de hacia dónde se va a inclinar la balanza, si hay veto o no, pero consideramos que le estamos dando toda la información y los elementos necesarios al presidente para que se tome una decisión bien sopesada”, indicó.
Flores informó que están tratando de sostener una reunión con el mandatario nicaragüense para demostrar directamente las implicaciones y el alcance de la ley, pero que hasta el momento no han logrado concertar una cita.
Por su parte, Alfredo Alaniz, Director Ejecutivo de Asomif, refirió que los representantes de las microfinancieras se encuentran sosteniendo conversaciones con diputados de la Asamblea Nacional con el objetivo de explicarles los aspectos negativos de la ley, así como la necesidad de un veto.
“Pensamos que podemos llegar a un arreglo y para eso estamos buscando una entrevista con el presidente Ortega para conversar y encontrarle una salida a esta situación pero creemos que lo peor sería aprobar esta ley”, comentó Alaniz.
De igual forma dijo que de no lograr el veto total, Asomif recurrirá a un recurso de inconstitucionalidad porque dicha normativa contiene varios aspectos negativos.
“Vulnera la separación de poderes en el país porque se inmiscuye en el Poder Judicial suspendiendo sentencias ya dictadas por los jueces y para eso existen procesos de recursos y tribunales de apelaciones, y no puede la Asamblea invadir y obviar esos procedimientos y dictar una ley que suspende la sentencia del Poder Judicial”, señaló.
Apuntó, que si el presidente veta de forma total esta ley, Asomif estará dispuesta a tratar de alcanzar algún acuerdo con las partes involucradas, para sustituir esta iniciativa, hacer que los deudores paguen, recuperar la confianza de los proveedores en Nicaragua y continuar siendo fondeadores de recursos para miles de nicaragüenses, que utilizan los créditos otorgados por las microfinancieras para realizar alguna actividad productiva.
Alaniz agregó que las instituciones de microfinanzas pueden llegar a la quiebra si no regresan a Nicaragua los 70 millones de dólares de parte de fondeadores internacionales que están en juego con la aprobación de esta ley, lo que llevaría al cierre de sucursales y una drástica disminución de los financiamientos para pequeños productores y comerciantes.