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Nicaragua realizará este domingo 6 de noviembre su séptima elección presidencial desde la Revolución de 1979, en la que participan seis candidatos, entre ellos el presidente sandinista Daniel Ortega Saavedra, quien opta a una segunda reelección consecutiva.

El padrón electoral lo conforman 3.8 millones de ciudadanos, los que también podrán elegir a 20 diputados nacionales, 70 diputados departamentales y regionales, y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En general ha sido un proceso electoral con relativa calma, en que los candidatos han hecho campaña en diferentes puntos del país sin alterar el orden. Sin embargo, ya en su etapa de cierre algunos grupos opuestos a las elecciones, liderados principalmente por el partido MRS, han realizado protestas pacíficas.

La primera eventualidad en estas elecciones surgió cuando la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia, dando la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Pedro Reyes Vallejos y quitándosela a Eduardo Montealegre.

Esto generó las primeras protestas del grupo de Montelagre, que se consideraba la principal oposición del país, dado que el PLI fue la segunda fuerza en elecciones presidenciales de 2011.

Luego, al anunciar Montealegre su retiro de la política, sus seguidores en la denominada Coalición por la Democracia tomaron caminos distintos y una parte de ellos, influidos por el MRS, formó un bloque opositor con el propósito de deslegitimar el proceso electoral. Otros liberales volvieron al PLI o al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para seguir participando en las elecciones.

El grupo que desde entonces se opuso a las elecciones envió misiones a Washington y otros países, pidiendo sanciones contra el Gobierno de Nicaragua.

Posteriormente congresistas encabezados por Ileana Ros Lehtinen, presentaron al Congreso estadounidense el proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), con la intención de sancionar al gobierno a través del condicionamiento de préstamos y donaciones.

Esta ley fue aprobada por unanimidad por la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, pero para entrar en vigencia tendrá que ser aprobada por el Senado y sancionada por el presidente de ese país.

Sin embargo, un acuerdo de conversaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) trajo a mediados de octubre un ambiente de más confianza al país, porque ese diálogo está relacionado al proceso electoral que esta semana entró en su etapa final.

 

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