Magistrados sin credibilidad, múltiples denuncias de irregularidades en la entrega de la cédula de identidad, otra vez el padrón electoral sin actualizar, negativa a la observación electoral, cuestionadas candidaturas presidenciales, sumisión de las autoridades judiciales y electorales ante el partido de gobierno y un sinnúmero de denuncias que desacreditan el proceso electoral 2011. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué votar si de antemano se conocen estas irregularidades?

Las respuestas son diversas de parte de personajes críticos y opositores al gobierno, pero en lo que coinciden todos es que “hay que votar”. ¿Por qué? Porque es el “mal menor”, porque “el fraude se reduce con la participación electoral”, porque “el voto masivo hace perder a Ortega”, porque “no se puede dejar votar sólo a los leales a Daniel Ortega”, porque “la culpa es de los ausentes...”.

Los mismos líderes de la Iglesia Católica, cuya institución se mantiene como confiable y creíble ante la opinión pública nicaragüense -según las últimas encuestas-, se han pronunciado y han demandado insistentemente el cambio de los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, y han señalado directamente las anomalías en el proceso electoral.

Proceso electoral “viciado de raíz”
 El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, ha advertido en diferentes momentos que las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 6 noviembre, presentan muchas irregularidades, y además, ha afirmado que el actual proceso electoral, en el cual el presidente Daniel Ortega busca su reelección, “está viciado de raíz” porque “su candidatura es inconstitucional”.

Otros personajes críticos del gobierno consideran que las elecciones 2011 se están efectuando en un panorama de total violación e ilegalidad institucional. El encargado de la Comisión de Gobernabilidad de la Coordinadora Civil, Irvin Dávila Escobar, explica que primero hay que reconocer que estamos “frente a un Estado de facto”, porque hay 25 cargos públicos que no se han nombrado legalmente, entre ellos, los magistrados del CSE.

Dávila atribuye directamente esta situación a los diputados de la Asamblea Nacional e igualmente opina que es “contraproducente” la participación de los partidos políticos opositores en las elecciones, porque están legitimando al “CSE de facto”.

“La Asamblea Nacional está constituida por los partidos políticos, entonces aquí lo que vemos es la complicidad de esas instituciones al adaptarse y adecuarse a una situación de facto del país, eso los hace responsables frente a toda la ciudadanía de estar participando en un proceso a todas luces absolutamente irregular”, explicó Dávila.

Su participación es demandar garantías
Sin embargo, Dávila argumenta que es válida la participación ciudadana en estas elecciones, porque este proceso electoral es un mandato constitucional que tiene que efectuarse cada cinco años. “Eso no es malo, debe hacerse, lo que está mal es que el órgano que lo está ejecutando no tiene calidad ni autoridad, ni la facultad, porque no han sido nombrados por el órgano competente”, argumenta Dávila Escobar.

En particular, Irvin Dávila expresa que su participación en estas elecciones es la de un ciudadano que demanda garantías electorales para todos los nicaragüenses, “porque los partidos políticos se defienden solos, pero los que no se defienden son los ciudadanos”.

Por su parte, el académico y jurista Julio Icaza Gallard, quien fue propuesto por la sociedad civil para ser candidato a magistrado del CSE, considera que las posibilidades de un “fraude latente se reducen en la medida que la población vote masivamente” el próximo 6 de noviembre.

Por qué votar

La idea de Icaza es que si la población no vota “no hay forma de comprobar el fraude”. “El fraude va a quedar más evidenciado en la medida en que salga a votar la gente y eso por supuesto, va a tener las repercusiones nacionales e internacionales que todo fraude tiene”, considera Icaza confiando en que la comunidad internacional se va a pronunciar ante un fraude demostrado.

Proceso electoral está siendo observado
Los organismos de observación electoral nacionales Ética y Transparencia, EyT, y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, desde inicios de este año se han dado a la tarea de observar el proceso electoral 2011, pese a que el Consejo Supremo Electoral, CSE, haya adelantado que no acreditará el proceso observación.

En sus primeros informes, estos dos organismos han destacado principalmente la irregular entrega de cédulas y el “uso y abuso” de los recursos públicos a favor de campañas partidarias, principalmente del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Detalles de los informes
Según el informe del Ipade, se ha constatado que de 80 municipios reportados, en 31 (38.75%) se utilizan recursos del Estado en proyección de candidatos (as) presidenciales. Los bienes utilizados van desde vehículos, bienes inmuebles como oficinas, auditorios y aulas de instituciones públicas, escuelas, centros de salud y alcaldías.

Los edificios públicos utilizados son escuelas, alcaldías, delegaciones del Ministerio de Educación, del Instituto de Seguridad Social, centros de salud, hospitales y la Dirección General de Ingresos, DGI. “Se ha identificado al FSLN como el principal partido que usa las oficinas de Estado para campaña electoral. En las alcaldías de Boaco y Quilalí el PLC, igualmente está haciendo proselitismo político en apoyo a su candidato presidencial”, detalla el “Primer Informe de Observación Electoral de Ipade, enero-abril, 2011”.

La cédula
Otro señalamiento reiterado es la distribución segmentada de la cédula de identidad, la cual tiene dos tipos de formados: uno actualizado con características electrónicas y el antiguo formato emplasticado. El nuevo formato electrónico es vendido a un precio de 300 córdobas, pero para los trabajadores del Estado y personas a fines al gobierno es gratuito.

La antigua cédula emplasticada mantiene el lento proceso de entrega, con un valor de 50 córdobas la reposición y la primera vez solicitada es gratuita para los jóvenes de 16 años. Sin embargo, las denuncias sobre el difícil acceso a esta cédula, sólo obtenible por la vía partidaria, es cada vez más evidente.

Riesgo de doble voto
Sobre esto, EyT señala en su primer informe que observa con “altísima preocupación por la abierta violación a la igualdad y el definitivo efecto en la habilitación políticamente sesgada de votantes y riesgo de doble voto, que constituye el abierto y declarado proceso de introducción de un nuevo documento de votación con facilidades extremas y anunciadas por el mismo tribunal electoral para un segmento poblacional ligado al partido de Gobierno”.

En el informe se afirma que “actualmente se están documentando varios centenares de denuncias sobre la negación de acceso al registro y derecho al voto, para establecer el grado de violación a este derecho humano, así como el delicado tema de determinar si esto obedece a una manipulación sistemática, para afectar poblaciones según su preferencia partidaria”.

En ese sentido, EyT advirtió que en el mes de julio se emitirá un primer informe al respecto y en ese mismo mes inician las auditorías especiales a los procesos de cedulación y padrón electoral, con los mismos fines. Otro organismo que se sumó este año al proceso de observación electoral en convenio con EyT e Ipade, es Hagamos Democracia, HD, encabezada por el empresario cafetalero Roberto Bendaña y su director Pedro Xavier Solís Cuadra.

“Hay que estar alertas”
Ante este panorama, la oficial del proyecto de observación electoral de HD, abogada María Francis Blandón, afirma que van hacer “lo que sea necesario para que se den los resultados como deben de ser”.

Sin embargo, ella misma reconoce que hay una serie de irregularidades que harán difícil esa posibilidad. Blandón señala que no se ha hecho una auditoría de los difuntos en el Padrón Electoral, tampoco se han registrado los cambios de domicilios y ni se ha incluido a miles de jóvenes que ya cumplieron los 16 años, cuando es trabajo del CSE estar en coordinación con el Registro Civil, para mantener en constante actualización y depuración el Padrón.

“El registrador civil tiene que estar en constante contacto con el CSE, pasándole toditos los registros de los difuntos, entonces, que si el difunto va ir a votar o no va ir a votar sólo ellos lo saben, porque realmente no está en nuestras manos la dirección del CSE y qué podemos esperar si en el 2008 se dieron muchísimas irregularidades. Entonces con mucha más razón debemos estar alertas, no sólo hagamos democracia sino toda la ciudadanía”, manifestó Blandón.

Ciudadanos observadores
Blandón considera que en este proceso electoral todos los ciudadanos tienen el deber de defender su voto ante tantas irregularidades, “así que si son 3 millones de votantes, estos mismos 3 millones tienen que participar como observadores electorales” y quedarse en los centros de votación observando.

En ese sentido, el responsable de capacitación del equipo de observación de HD, Alberto Dávila, explicó que con la participación de HD como observadores de las elecciones, están aportando a la defensa de la democracia y están interesados en que el nicaragüense día a día se esté involucrando más en el proceso electoral.