Nicaragua enfrenta serias debilidades en el control y fiscalización para evitar el delito de lavado de dinero, aseguraron expertos en la materia, aunque las autoridades correspondientes se niegan a abordar el tema.

El doctor Alejandro Aguilar, estudioso del tema del lavado de dinero y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Americana, indicó que un llamado de alerta recibió nuestro país en junio del año pasado, cuando en una reunión de los países miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe, Gafic, realizada en México, fuimos ubicados en la lista “gris”, que es donde están las naciones con una mejora global, pero con graves deficiencias estratégicas en relación con la prevención de este ilícito y el financiamiento al terrorismo.

Aunque no logramos información oficial de las instituciones antes mencionadas sobre los índices de esta actividad delictiva, Aguilar aseguró conocer de al menos tres casos que fueron abordados por las autoridades entre 2010 y 2011, y otros, pero que son híbridos, es decir, que contemplan este delito combinado con el narcotráfico y con el crimen organizado.

El lavado de dinero no es más que legalizar cantidades de recursos que fueron obtenidos ilegalmente. Este tipo de delito inicia a detectarse en la década de los 70 en Estados Unidos, y es este país el que procede a confrontarlo y a regularlo, a través de la denominada “Ley de Secreto Bancario”.

En la década de los 80, este ilícito “asoma la cabeza” en Nicaragua y se profundiza en los 90, pero el interés por seguir lavando dinero y echar raíces se mantiene en la década recién pasada, explicó el estudioso.  

Las instituciones encargadas de perseguir el delito de lavado de dinero, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, extrañamente no quisieron ofrecer información sobre los resultados en la lucha contra este flagelo, a pesar de que EL NUEVO DIARIO pasó más de dos semanas solicitando las entrevistas

¿Cantidad de casos actuales?
El delito de lavado de dinero está contemplado en la “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”. Este instrumento jurídico ha sido señalado por el gobierno como un logro en el combate contra este ilícito.

En noviembre de 2010, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que el Estado de Nicaragua aumentó el cumplimiento de las 40 recomendaciones sobre lavado de dinero, y nueve relacionadas con el financiamiento al terrorismo, en comparación con los resultados del Informe de Evaluación realizado en octubre de 2008.

En ese entonces, detalló que en octubre de 2008 se habían penalizado dos investigaciones por lavado de dinero, y que en 2010 tenían 27 casos penalizados, cuatro bienes y 60 medios de transporte decomisados, por estar relacionados con dicha actividad.

Como avances en materia de la lucha contra este delito, el gobierno destacó la aprobación de la “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”; la “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas” y la “Ley de Almacenes Generales de Depósito”, que postulan normativas de prevención y persecución penal para los delitos de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Prevención debe ser amplia
Desde el año 2000, la Superintendencia de Bancos, SIB, estableció una normativa para la prevención del lavado de dinero, la que fue actualizada en 2008. Pero, a criterio del experto, la prevención debe extenderse a los sectores empresariales no bancarios que no están interesados en reportar transacciones anómalas.

Como ejemplo, citó que un casino, una casa de cambio, la compra y venta de activos inmobiliarios y las cooperativas de ahorro y crédito, necesitan tener mecanismos dirigidos a prevenir el lavado de dinero, y tener una autoridad de referencia a la que le puedan dar a conocer sobre transacciones financieras sospechosas.

“A estas empresas no les conviene reportar estas transacciones ilegales a las autoridades, porque están ganando más dinero”, aseveró Aguilar.
El exdiputado José Pallais, quien fue presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, consideró que las empresas antes mencionadas no están siendo vigiladas ni fiscalizadas, y que la normativa de la SIB y los reglamentos relacionados con el lavado de dinero, solo son medidas paliativas y no totales que eviten la ejecución del ilícito.

¿Y la Unidad de Análisis Financiero?
Con la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado, se estipuló crear la Unidad de Análisis Financiero, UAF, que estaría encargada de dar seguimiento a las transacciones sospechosas de dinero, pero los legisladores no la han creado, lo que constituye una deficiencia grave.

Según Aguilar, dicha unidad debe estar conformada por expertos contables, jurídicos y financieros que tengan independencia y autonomía.

En la Asamblea Nacional, desde 2004 hay tres iniciativas de la Ley de Análisis Financiero, cuyo anteproyecto está engavetado en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, a pesar de que nuestro país ha adquirido compromisos internacionales para su aprobación, como por ejemplo, la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado, en 2000, y la Convención de Mérida contra la Corrupción, en 2003.

Lo que sí tiene Nicaragua es la Comisión de Análisis Financiero, CAF, que está integrada por representantes de diversas instituciones estatales, pero que a criterio de Aguilar, no tienen capacidad técnica para analizar la información financiera del lavado de dinero.

Para Pallais, el CAF no cumple con los estándares internacionales de trabajo y seguimiento del delito, y señaló que el gobierno ha pretendido suplir la UAF con reglamentos que carecen de fuerza legislativa.

El diputado sandinista Edwin Castro, miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento, reconoció que la Ley de Análisis Financiero está pendiente de discusión y de aprobación, pero que no está en el orden de prioridades este año.

“La Unidad podría darle mayor seguimiento y sistematización a esos casos, pero personalmente no le veo una mayor significación”, consideró Castro.

Policía sin capacidad técnica
Aunque no recibimos una entrevista sobre este tema por parte de la Policía, es conocido que para abordar el lavado de dinero, unen sus esfuerzos los oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial y de la Dirección de Investigaciones Económicas, pero Aguilar considera que la institución policial carece de la capacidad para atender estos hechos.

“La Dirección de Investigaciones Económicas, DIE, de la Policía, no tiene la capacidad técnica para abordar estos delitos, porque está metida en muchas investigaciones, y porque este es un proceso investigativo muy técnico. Lo conveniente es que la Policía entre a investigar un hecho de estos hasta que haya evidencias o indicios suficientemente reconstruidos, porque si no, se está desgastando”, consideró.

El Gafic recomendó a Nicaragua ejecutar un plan de acción para mejorar las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que incluyera: establecer medidas eficaces de diligencia debida; registro de requisitos sobre clientes, en particular por parte de entidades no reguladas; el establecimiento de reportes de transacciones sospechosas; la implementación de programa adecuado de supervisión para todo el sector financiero y el establecimiento operativo pleno de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Mientras, el superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, no quiso profundar en el tema, aduciendo que esta institución simplemente recibe sobres sellados por parte de los bancos con información que ni ellos conocen, y que, simplemente, pasan a la CAF.

No detalló el número de transacciones sospechosas que ha recibido la SIB por parte de los bancos, pero aseguró que han confirmado que estas empresas están cumpliendo con la normativa contra el lavado de dinero.

Hay “lavadores” novatos y profesionales

El experto en el tema de lavado de dinero explicó que los “lavadores” novatos son aquellos que realizan transacciones demasiados bruscas y evidentes.
Ejemplificó al lavador novato como la persona que se presenta a un banco a depositar US$400,000 de una propiedad que vendió y hace el depósito en efectivo.
Señaló que los “lavadores” profesionales realizan un trabajo más sutil y mejor pensado, por lo que es difícil que con un solo indicio se pueda detectar la operación del lavado de dinero, más en economías como la nuestra, que tienen altas dosis de informalidad y bajos niveles de bancarización.
“Un lavador profesional estudia cuáles son las operaciones económicas donde se manejan altos volúmenes de efectivo, que les permita no levantar sospechas por parte de las autoridades”, dijo Aguilar.
Los delincuentes también reclutan testaferros, empresarios, y en menos grado hasta banqueros, para buscar cómo legalizar el dinero mal habido. Incluso forman sus propias empresas que sirven de fachada, y hay diversas tipologías de este ilícito.
“Por ejemplo, puede haber una relacionada con la compra y venta de obras de arte, de joyas, propiedades inmobiliarias, con casinos y con comercio de productos de alto valor en el mercado”, finalizó Aguilar.