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A dos meses de la entrada en vigor del Código de la Familia, que refuerza los derechos contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en 1998, la especialista en Protección Infantil del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef, por sus siglas en inglés), Ana Lucía Silva, valora positivamente los esfuerzos que se han realizado en el país con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes nicaragüenses. No obstante, advierte, aún hay varias asignaturas pendientes en esta materia. 

¿Cuál es el estado de la niñez nicaragüense actualmente?
La niñez y la adolescencia en Nicaragua en términos generales en cuanto a derechos han tenido avances. Por ejemplo, tenemos una serie de leyes, de políticas públicas y programas que realmente son nuevos, son pensados con la voluntad de hacer cumplir lo establecido en la convención de los derechos del niño, firmada hace 26 años.

Sin embargo, sabemos que todavía hay una serie de aspectos que hay que profundizar porque los derechos de los niños y las niñas son amplios, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y todo lo que son los derechos a la protección especial. 

Esa es una diferencia que tenemos con los niños y niñas. Ellos tienen derecho a la protección especial porque como son personas en desarrollo y hay ciertas situaciones que requieren de una respuesta específica, como es el caso de la violencia en todas sus diferentes representaciones.

¿Qué falta entonces?
Ha habido avances pero todavía falta. Tiene que llegar un momento en el que en cinco o diez años todos los niños, por ejemplo, tengan su partida de nacimiento, que estén inscritos en el Registro Civil.

¿Cuáles son los derechos que más se cumplen?
Los derechos económicos, sociales y culturales de educación y salud son los más fáciles de entender y los países los tienen más definidos. Son muy organizados, realmente tienen una organización clara y muy concreta.

Sin embargo, sabemos que para que exista una salud y educación pública plena, los países requieren de una serie de recursos. Esto se va cumpliendo en la medida de sus posibilidades. 

Pero hay otros que son más complicados. Uno de los derechos más difíciles de entender y que quizás menos se cumplen por parte de todos, de la familia, en las comunidades, entre otros, es el derecho a la participación del niño y la niña.

La participación del niño está en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un derecho civil y político que tiene varias implicancias como la expresión, la asociación; y es, precisamente, uno de los derechos que a los adultos nos cuesta entender. Ha habido avances en la medida en que los niños y adolescentes se han ido empoderando, conociendo sus derechos.

Hay actualmente mejores formas de participación, pero hay que trabajar más para que la participación sea más genuina y más plena, porque es un derecho complejo, difícil de entender a veces.

Y los derechos a la protección que se han hecho esfuerzos grandes en el país, pero todavía hay aspectos que afinar. Más que todo la oferta de servicios y respuesta.

En cuanto a la violencia, ¿qué tan bien está garantizando el Estado el bienestar de la niñez y la adolescencia?

Por ejemplo, la respuesta a violencia es bastante amplia. Todo lo que ha sido la Ley 779 que es para todas las mujeres de todas las edades. La política estatal referida a esta ley, las comisarías familiares que están yendo directamente, y están trancando diferentes situaciones de violencia que afecta muchísimo a las niñas y los niños. El Código de la Familia que trata de los derechos de la familia, pero los derechos de la niñez y la adolescencia realmente están reforzados en el Código, el tema del castigo físico y humillante queda clarísimo. No se justifica que un padre o una madre trate de forma humillante a su hijo porque así lo está educando.

En este tema y en violencia en términos generales hay bastante tolerancia social con este tipo de fenómenos, a veces hay normas sociales que te justifican, hay que hacer una labor de sensibilización de información con la familia, las comunidades, los mismos niños y niñas, las escuelas.

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