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Ningún número provoca más temor en el corazón de los banqueros que el 311. Esa es la sección de la Ley Patriótica de Estados Unidos de 2001 que da a la Tesorería poderes amplios para actuar contra aquellos que faciliten los delitos financieros, en cualquier parte del mundo, etiquetándolos de "preocupación primaria de lavado de dinero". Para las empresas que se comportan mal o son lo bastante desafortunadas para ser consideradas un blanco, una designación 311 es con mucha frecuencia una sentencia de muerte.

El uso más reciente de ese poder, en marzo, fue contra la Banca Privada d'Andorra, una pequeña administradora de dinero basada en el montañoso refugio financiero ubicado entre Francia y España. La acción, de hecho, excluyó al banco y sus subsidiarias del sistema financiero estadounidense, impidiéndoles concluir cualquier transacción denominada en dólares; una función esencial para casi cualquier banco. La unidad española de BPA ha sido liquidada desde entonces. La matriz ha sido puesta bajo el control de las autoridades de Andorra.

El FinCEN, la sección de la Tesorería que declaró la designación, acusó al banco de ayudar a lavadores de dinero de China, Rusia y Venezuela. Alegó que gerentes de alto nivel facilitaron a sabiendas transacciones impropias, así como pagos en efectivo por 20 millones de euros (22 millones de dólares) a un cliente chino vinculado con un grupo criminal involucrado en el tráfico humano. El director ejecutivo del banco está bajo custodia en Andorra.

CUESTIONAMIENTOS

Los accionistas controladores de BPA, la familia Cierco, están respondiendo. Admiten que no están involucrados directamente en la administración del banco y no pueden estar seguros de si hubo malas acciones. Pero los casos de supuesto lavado de dinero destacados por el FinCEN son generalmente de hace varios años, señalan. En un caso, el banco fue forzado por un tribunal de Andorra a liberar los fondos de una cuenta que el banco había congelado.
Además, BPA se ha sometido a regulares auditorías sobre lavado de dinero realizadas por KPMG y Deloitte desde 2003 y, por lo que sabe la familia, ha actuado siguiendo las recomendaciones de los auditores. Cuestionan si las autoridades estadounidenses tomaron lo suficientemente en cuenta el impacto de su acción sobre el enorme volumen del banco, el cual, afirman, no participó en las supuestas transgresiones.

Sin importar quién tenga la razón en este caso, hay varias razones para cuestionar el uso de la designación 311. El FinCEN no usa su opción nuclear a menudo: en 13 años, la ha dejado caer solo sobre una docena de firmas financieras y cuatro países; puede aplicarse a toda una jurisdicción si se considera que las autoridades fueron cómplices de las malas acciones. Cuando lo hace, el blanco es generalmente pequeño o estratégicamente poco importante.

"Están aplastando nueces pequeñas con un martillo gigantesco", dijo un abogado que trabajo en uno de los casos.

¿PARCIAL?

Algunos ven un doble estándar en esto. Es sorprendente que no se hayan usado medidas de la 311 contra bancos en países mediorientales estratégicamente importantes donde el lavado de dinero es una gran preocupación, como los Emiratos Árabes Unidos, o contra cualquier banco de países occidentales, incluido el propio Estados Unidos, que han sido atrapados facilitando el lavado de dinero a gran escala u operando con controles tristemente inadecuados, como Wachovia y HSBC.
Un abogado que alertó a funcionarios estadounidenses de una trama de lavado de dinero en Bahréin y Arabia Saudita expresó que no mostraron interés.

Estados Unidos aplica las designaciones 311 "en forma política", dijo Jason Sharman, un experto en crímenes financieros en la Universidad Griffith de Australia, aun cuando algunos o todos los que las recibieron realmente hicieron aquello de lo que se les acusa.

Para algunos, otra característica alarmante de las 311 es que no se requiere que se haga pública evidencia detallada, o siquiera que se ponga a disposición de un tribunal, para justificar la acción. Es un procedimiento administrativo, no judicial. Solo la Tesorería sabe cuánta evidencia tiene y cuán confiable es. Además, los blancos tienen escasos recursos. Un tribunal federal puede atender las refutaciones, pero el banco tiene que demostrar que la acción fue "arbitraria y caprichosa", lo cual es especialmente difícil de probar dado el secreto que rodea al proceso.

Si se demuestra que la Tesorería cometió un error al designar a un banco, o esta cambia de opinión por otras razones, es casi imposible reparar el daño. Varios blancos han sucumbido de inmediato. Incluso aquellos que logran que se levante su designación 311 pasan apuros para rehabilitarse.

Banco Delta Asia, un pequeño grupo basado en Macao, sufrió una designación 311 en 2005 bajo sospecha de ayudar a Corea del Norte a evadir sus sanciones. Otros departamentos del gobierno estadounidense objetaron, temiendo que la medida socavara las conversaciones sobre el programa nuclear norcoreano. Pero, aun cuando la Tesorería revocó la designación, otros bancos siguieron negándose a hacer negocios con Banco Delta Asia.

La medida "había desencadenado que el sector privado aislara el comportamiento financiero desaprobado; como anticuerpos en el sistema financiero internacional, rechazando el virus del contacto norcoreano", afirmó Juan Zárate, un exfuncionario, en su libro "Treasury's War".

La Reserva Federal tuvo que intervenir para ayudar a regresar los fondos de los depositantes. Servirá de poco consuelo para los dueños de BPA que Banco Delta Asia siga operando y haya desafiado el procedimiento 311 en un tribunal de Estados Unidos.

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