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Cuando un presidente tiene índices de aprobación de un solo dígito, enfrenta llamados a su impugnación y ha perdido el control de su base política, ¿está en posición de jugar duro con los legisladores del país? Los brasileños pronto lo descubrirán.

El 31 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff envió al Congreso un presupuesto para 2016 con un enorme déficit primario (antes de pagos de intereses) de 30,500 millones de reales (8,000 millones de dólares), o 0.5 por ciento del PIB, desafiando a sus miembros a que cubran la brecha.

Fue un rompimiento con las prácticas presupuestarias responsables que han apuntalado a la economía de Brasil. Fue ilegal, dicen algunos críticos. Ciertamente no ha sucedido nada similar desde al menos el año 2000, cuando Fernando Henrique Cardoso, entonces el presidente, transformó las finanzas públicas.

Viéndolo comprensivamente, Rousseff pretendía obligar a los legisladores a que tomaran decisiones difíciles en vez de que simplemente bloqueen sus propuestas fiscales. Una interpretación más dura es que no sabe cómo sacar a Brasil de la recesión.

Las finanzas públicas ya se han deteriorado este año. Habiendo planeado originalmente un superávit primario de 1.1%, en julio el gobierno redujo esa meta a apenas 0.15%.

El mercado lo vio así. Al día siguiente de la bomba presupuestaria, el índice bursátil Ibovespa cayó más de 2 por ciento y la divisa cerró en 3.70 reales por dólar, su nivel más bajo desde diciembre de 2002. El 2 de septiembre, el banco central mantuvo sin cambio una tasa de interés clave que había estado subiendo desde el año pasado.

DESAFÍOS FISCALES

Las finanzas públicas ya se han deteriorado este año. Habiendo planeado originalmente un superávit primario de 1.1 por ciento, en julio el gobierno redujo esa meta a apenas 0.15 por ciento, mientras las tasas de interés subían y la captación de impuestos caía. El déficit total este año será de entre 8 y 9 por ciento del PIB.

En agosto, Moody's, la agencia calificadora, redujo su evaluación de Brasil en un punto a apenas por encima del estatus de chatarra. Insinuó que lo peor estaba por venir al llamar a las noticias más recientes un signo de "los desafíos fiscales que Brasil sigue enfrentando".

El riesgo de una degradación es una razón para el pesimismo que, según piensan algunos expertos, ahora es el estado de ánimo prevaleciente en los corredores del poder.

"El gobierno básicamente está arrojando la toalla", dijo Alberto Ramos, un economista de Goldman Sachs, un banco de inversión.

DÉCADAS DE CAOS

Rousseff está en una situación difícil. Emitió su presupuesto después de descartar un plan para reinstalar un impuesto sobre las transacciones financieras que habría significado la captación de 80,000 millones de reales en 2016. Se retractó después de que su vicepresidente, Michel Temer, rechazó la idea y le dijo que el Congreso la bloquearía.

Varios personajes de la oposición dicen que, lejos de encontrar una manera de hacer que el Congreso realice la tarea, la presidenta ha violado una ley de responsabilidad fiscal promulgada en 2000 como parte de un esfuerzo por enmendar las finanzas de Brasil después de décadas de caos. Afirman que podrían llevar a la mandataria ante los tribunales.

En este punto, la presidenta quizá tenga la razón. Mansueto Almeida, un economista que es crítico de Rousseff, expresó que, aun cuando la ley requiere que el Ejecutivo demuestre cómo se financiará su gasto, permite un aumento en la deuda.

Júlio Marcelo de Oliveira, un fiscal del Tribunal Federal de Cuentas, coincidió en que la presidenta, cuyas supuestas fechorías presupuestarias él ha investigado previamente, actuó legalmente esta vez.

FALLAS CONSTANTES

Legal o no, la acción de la presidenta debilita a su ministro de Finanzas educado en Estados Unidos, Joaquim Levy, de quien se reportó que había cabildeado a favor de recortes de gasto adicionales y era un personaje tranquilizador para los mercados.

Rousseff ha fallado consistentemente en el cumplimiento de sus metas económicas desde que fue elegida en 2010, pero en los primeros días eludió la culpa política. Muchas personas culpaban a su entonces ministro de Finanzas, Guido Mantega. Reemplazarlo con Levy supuestamente corregiría ese problema; la pérdida de prestigio del nuevo ministro es un mal augurio.

Para restablecer su credibilidad, manifestó Ramos, el gobierno necesita terminar con un superávit de entre 3 y 3.5 por ciento del PIB.

Simplemente estabilizar la proporción deuda-PIB no es lo suficientemente bueno, afirmó: ya está demasiado alta.

Como mínimo, se vislumbra un regateo difícil con el Congreso. Renan Calheiros, el presidente del Senado de Brasil que ha tenido varias riñas con Rousseff este año, dijo el 1 de septiembre que no le devolvería el presupuesto a la mandataria, como quieren muchos en la oposición.

“Corresponde al Congreso mejorarlo”, dijo.

Congreso también es culpable

CONSECUENCIAS • Evaluándolo imparcialmente, el Congreso comparte mucha de la culpa por los males económicos de Brasil ya que frustró muchas de las mejores ideas de Levy.

¿Hay alguna solución?

Parece improbable que puedan evitarse los aumentos de impuestos: un 90 por ciento del presupuesto está acotado, lo que deja poca discreción para los recortes de gastos.

Si el gobierno fuera fuerte y tuviera confianza en sí mismo, podría reconocer la necesidad de un aumento a corto plazo en la deuda mientras busca la manera de limitar el gasto en pensiones, salud y educación, y traza un plan a largo plazo para restablecer la salud fiscal.

Pero impulsar esas reformas en el Congreso requeriría voluntad y capital políticos, y no se hizo durante los años de auge de Brasil cuando habría sido más fácil.

Ahora, aseveró Almeida, "estamos pagando todos los errores de los últimos cinco años". El misterio, añadió, es por qué Brasil no ha perdido ya su grado de inversión.

 

 

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