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  • The Economist

Mientras los ciudadanos de Argentina miran hacia la elección presidencial del mes próximo, están interesados en más que simplemente quién ganará; probablemente sea Daniel Scioli, candidato de la gobernante coalición de izquierda. También se preguntan si los comicios serán ordenados y legítimos.

El caos y el rencor que se presentaron en una contienda local en el norte del país les dan motivo para preocuparse.

La competencia para ser gobernador de Tucumán, una región agrícola pobre, fue turbia desde el inicio. En los días previos a la votación del 23 de agosto, las redes sociales estuvieron llenas de fotografías de agentes políticos que entregaban alimentos a los votantes. Es común que los contendientes tienten a los electores pobres con comida, medicinas o efectivo, pero esto habitualmente lo hacen de manera discreta. Esa visible generosidad fue una vergüenza.

Horas después de la votación, las cosas se pusieron mucho peor cuando 42 urnas electorales fueron incendiadas. Entonces José Cano, el candidato del opositor Partido Radical, se quejó de que algunos de los votos de su partido habían sido desviados y que las cifras de la elección habían sido distorsionadas.

La tensión aumentó después de que su oponente del nacional dominante Frente para la Victoria (FPV), Juan Manzur, fue declarado triunfador tras un recuento provisional, divulgado esa noche. La gente golpeó cacerolas y sartenes frente al palacio del gobernador, el cual ha estado en manos del FPV desde 2003. Muchos entonaron: “¡Rateros!”

Anulan resultado

Manzur dijo que sus oponentes no eran más que malos perdedores.

El comité electoral, que trabajó con laboriosa lentitud, presentó lo que llamó un recuento final el 14 de septiembre, confirmando a Manzur como el ganador por 12 por ciento. Dos días después, a petición de Cano, un tribunal anuló el resultado. Entre la evidencia que presentó estuvieron algunas imágenes de video de días posteriores a la elección las cuales, denunció, mostraban a funcionarios electorales sellando con cinta urnas abiertas y falsificando firmas.

El descontento de la oposición con los procedimientos electorales se extiende más allá de una región. Favorece el cambio a un sistema electrónico a prueba de fraudes. Los votantes actualmente entran en una caseta oscurecida o un espacio discretamente oculto donde hay boletas para cada partido. Ponen las boletas de los candidatos que prefieren en sobres y los depositan en una urna afuera. Sin embargo, sujetos poco escrupulosos a menudo retiran las boletas de los partidos que no les gustan, así que los votantes subsecuentes tienen que exponer sus propias preferencias pidiendo reemplazos. Los partidos pueden limitar esos abusos colocando voluntarios en las casillas electorales, pero eso es más fácil para movimientos fuertes y ricos como el FPV.

Incluso los reformadores más entusiastas coinciden en que es demasiado tarde para cambiar a un sistema electrónico antes de la primera ronda de la votación presidencial el 25 de octubre. No obstante, el 14 de septiembre, la oposición entregó a la comisión electoral una sencilla lista de propuestas de cuatro páginas para lo que llamó mejoras realistas a corto plazo. Pidió que todos los funcionarios a cargo de las casillas electorales reciban capacitación, por ejemplo, y sugirió que, cuando un votante reporte que falta una boleta en particular, la respuesta sea ofrecer un paquete de boletas para todas las opciones disponibles, de manera que quien se queje no tenga que revelar alguna preferencia.

Leandro Querido de Transparencia Electoral, una ONG, piensa que los chanchullos en Tucumán han tenido el afortunado efecto colateral de destacar la necesidad de una reforma total. No puede suceder mucho en las próximas cinco semanas, pero al menos más personas admiten que una revisión es urgente.

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